Venganza de Bolsonaro contra las universidades federales en Brasil: bloqueo presupuestario

No ha soportado Jair Bolsonaro el papel opositor que están desarrollando las universidades públicas hasta la fecha y ha decidido actuar de inmediato antes de que el mensaje crítico pueda propagarse más todavía. Apoyándose en el nuevo ministro de educación, Abraham Weintraub –que sustituyo a Ricardo Vélez Rodríguez, cesado el 8 de abril–, el presidente ha decidido anunciar un bloqueo presupuestario a todas las universidades e institutos federales.

La venganza de Bolsonaro comenzó a vislumbrarse con el ataque frontal a las carreras de filosofía y sociología, que pueden desaparecer. El objetivo de su equipo gubernamental sería, según sus propias palabras, concentrarse en áreas que generen retorno inmediato al contribuyente, «como veterinaria, ingeniería o medicina». El plan prosiguió amenazando a tres de las universidades federales más combativas del país: la Universidad de Brasilia (UnB), la Universidad Federal Fluminense (UFF) y la Universidad Federal de Bahía (UFBA).

«Universidades que, en lugar de buscar mejorar sus resultados académicos, estén montando follones, verán sus presupuestos reducidos», avisó el ministro Weintraub. Más tarde, el ministerio de educación anunció que el recorte, de dos mil quinientos millones de reales [595 millones de euros] afectaría a todas las universidades e institutos federales.

Más del 90% de los trabajados de investigación científica en Brasil están ligados a universidades públicas, pero al ministro Weintraub prefiere centrarse en que las facultades dejen de montar «jaleo» y de organizar «eventos ridículos».

Continuando con el menosprecio a las instituciones de educación superior, el ministro relacionó a los centros con el consumo generalizado de drogas, y defendió la entrada de la policía en los campus para controlar esta cuestión. «La autonomía universitaria no es soberanía», ha afirmado. «Si están sucediendo cosas, ¿por qué no puede entrar la policía? No tiene que haber consumo de drogas, eso no puede ser, estoy en contra».

Según las cuentas del ministerio de educación, tomando como referencia el dato de que el recorte del 30% se está aplicando sobre los gastos discrecionales (bienes y servicios), el bloqueo financiero corresponde al 3,4% del presupuesto total de las universidades e institutos federales, y afecta al primer semestre.

Las facultades no se fían, los dos mil quinientos millones de reales que se han quedado por el camino les han alcanzado directamente en la línea de flotación. El movimiento gubernamental, además, les suena a chantaje, ya que desde el Ejecutivo aseguran que si la propuesta de reforma de la seguridad social –que ahora mismo se debate en el Congreso Nacional– sale adelante, los cortes presupuestarios podrían anularse.

Clima de persecución en los centros

Desde que Bolsonaro entró en la carrera presidencial, el líder de extrema derecha ha tratado de dividir a los estamentos académicos y a los estudiantes, criticando lo que él considera «adoctrinamiento en las aulas».

Por eso orientó a los alumnos brasileños a que filmaran en vídeo las clases de sus profesores y que los denunciaran si fuera el caso. Bolsonaro ha conseguido su objetivo. En muchos de los centros el clima es de miedo y persecución. La profesora de sociología Camila Marques, del Instituto Federal de Goiás, lo ha vivido en primera persona. Ha sido presionada «para no tratar cuestiones de género en sus clases y para no hablar de Karl Marx», entre otras cosas, cuenta para Público.

En una de las clases en las que debatían el contexto actual en el país, uno de sus alumnos reconoció que, por ser homosexual, se sentía amenazado. Un compañero, mirando hacia la profesora, respondió: «Va a morir el que se lo merezca, como los comunistas».

Fue en medio de este ambiente cuando la Policía Civil entró el pasado 15 de abril en el aula donde Camila Marques impartía una de sus clases de sociología. Lo que comenzó siendo una investigación sobre unas amenazas –que resultaron ser falsas– de atentado al centro, terminó con tres alumnos y la profesora en la comisaría, por desacato a la autoridad.

Marques estaba en el punto de mira porque es, a su vez, coordinadora general de SINASEFE –Sindicato Nacional de Funcionarios de Educación Básica, Profesional y Tenológica–, y promete tiempos de medidas jurídicas, movilizaciones incesantes y unión con otros sindicatos. Desde la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) hacen hincapié en que «Bolsonaro ha transformado el ministerio de educación en una verdadera máquina ideológica», remarcando que «las universidades son objetivos prioritarios de sus ataques justamente porque han sido, históricamente, lugares de resistencia y lucha en defensa de la democracia y de la educación».

No se han quedado callados tampoco desde el Sindicato Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (ANDES). Auguran que «el resultado de estas políticas desastrosas será la entrega de las universidades a la iniciativa pivada». Las acometidas de Bolsonaro, según esta agrupación, «cercenan el libre pensamiento y atacan la educación pública de calidad, y también la soberanía y autonomía de las universidades».

Movilizaciones y reacción política

En respuesta a esta venganza del presidente Bolsonaro, los centros ya han arrancado con su agenda de protestas –encabezadas por las tres universidades federales que recibieron los primeros reproches presidenciales– y preparan movilizaciones en cadena –el 15 de mayo se ha marcado como «Día nacional de lucha en defensa de la educación»– y se unirán a la huelga general del 14 de junio, primera gran acción a nivel nacional contra un Gobierno que va camino del medio años al frente de las operaciones.

En el Congreso Nacional, los partidos que deberían conformar la oposición a Bolsonaro reaccioan poco a poco. El Partido Democrático Trabalhista (PDT) ha elevado al Tribunal Supremo la Acción Directa de Inconstitucionalidad ADI6127. El partido del tercer candidato más votado en las pasadas elecciones presidenciales, Ciro Gomes, alega que el decreto que oficializa los recortes presupuestarios, el 9.741/2019, además de herir el derecho constitucional a la educación, está «revestido de generalidades (no tiene destinatarios específicos) y de abstración (no señala situaciones de incidencia concreta)». Y a pesar de sus inconsistencias, el decreto, llevado a la práctica, arretemete frontalmente contra el presente y el futuro de los centros de educación superior.

Alimentando más aún la polémica de estos días, el protagonista de una de las más recientes retransmisiones en vivo del presidente Bolsonaro a través de las redes sociales fue precisamente el ministro Weintraub. Rectores, catedráticos, investigadores y alumnos de educación superior estaban pendientes de nuevas informaciones y de las necesarias aclaraciones. El ministro decidió explicar estos recortes presupuestarios colocando sobre una mesa cien bombones de chocolate, algunos de los cuales hay que dejarlos aparte para comerlos solo «a partir de septiembre».