El documento hace hincapié en el papel de las instituciones del Estado para detener la desaparición de personas y los homicidios. | Foto: EFE

Este jueves, se presentó en México, el documento «Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017″, que pone en evidencia la desinformación que gira alrededor de esta tragedia, que suma miles de casos sin respuesta.

El informe fue elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad de México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19. Los autores resaltaron la presencia de datos incongruentes entregados por las autoridades. Actualmente, México registra 40.000 desaparecidos.

Si bien la resolución de los casos de los desaparecidos es un tema prioritario para el Gobierno mexicano, el informe presentado desnuda una realidad que está muy lejos de establecer hojas de ruta. Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó los nuevos datos presentados sobre los desaparecidos, sin embargo, reconoció que “seguimos sin conocer la magnitud de este problema”.

Los datos muestran que entre 2009 y 2016, la prensa reportó un total de 618 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados 1829 cuerpos y 45.381 restos de personas en 23 entidades del país. Sin embargo, la información oficial indica que, entre 2006 y 2017, las procuradurías y fiscalías estatales reportaron 1606 fosas, en las que fueron exhumados 2.489 cuerpos y 584 restos.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirma que, entre 2000 y 2015, identificó solamente el 6 por ciento de los cuerpos exhumados, y que abrió 81 investigaciones previas. La investigación señala que “el número de fosas halladas se sigue acumulando, de manera que la práctica de la inhumación clandestina ha persistido”. Y sugiere que las fosas clandestinas observadas por las fuentes de prensa y oficiales son solo una fracción de un universo más grande.

El hallazgo de fosas clandestinas, según el informe, “constituye una evidencia de los niveles de violencia que aún prevalecen en México, de la falta de estrategias adecuadas de prevención, de la debilidad de los sistemas de procuración de justicia y de la impunidad”.

El documento hace hincapié en el papel de las instituciones del Estado para detener la desaparición de personas y los homicidios. Así también anota la necesidad de realizar investigaciones criminales sustentadas en pruebas científicas, garantizar procesos dignos de identificación, notificación y entrega de restos; y asegurar la certeza en las cifras.

Durante el acto de presentación, David Fernández, rector de la UIA, sostuvo que el objetivo de los perpetradores es que las fosas clandestinas sean encontradas. “Cumplen una función pedagógica de demostrar la precarización y la vulnerabilidad de las vidas humanas para hacer alarde de impunidad con la que se puede continuar esa práctica”.

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