David Escobar
@amnesia4_
El 17 de junio de 2019 fue asesinado a balazos Anderson Pérez en la zona rural del municipio de Caloto, Cauca. Sus amigos lo llamaban “El mono”, y era un excombatiente de FARC en proceso de reincorporación, responsable del trabajo político en Caldono y Miranda. Tras la firma del Acuerdo de Paz, actuó en la película “Historias de Guerra”, y era corresponsal de NC Noticias. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció al respecto en estos términos “Lamentamos la muerte de Anderson Pérez, comunicador de @NCPrensa. Ya estamos documentando este repudiable hecho. Rechazamos la violencia y pedimos al Estado que avance con el esclarecimiento de este crimen”.
Según la doctora Irene Vélez, productora del documental Voces de Guerrilla, “él estuvo ahí siempre facilitando las relaciones con la sociedad civil, muy interesado en la relación con la universidad y el sector académico, pero también muy interesado en los proyectos audiovisuales que nosotros estábamos gestando en ese momento, y desde nuestro primer encuentro se dispuso a ayudarnos siempre con las relaciones, los contactos y la comunicación […] Participó en un espacio de diálogo entre estudiantes y personas excombatientes en Monterredondo, y fue un líder en esa iniciativa que implicó que en tres ocasiones los estudiantes de Univalle se sentaran con los excombatientes a dialogar sobre todo de conflictos ambientales en la región. Siempre demostró mucha capacidad analítica, mucha apertura, mucha comprensión, y también su actitud muy humilde, y sus ganas de aprender hacían que las relaciones interpersonales fueran excelentes”. Anderson trabajaba, como líder social, en la Asociación de Trabajadores Pro Constitución Zonas de Reserva Campesina, por lo cual participó activamente en la reciente minga. Un mes antes de su muerte solicitó protección ante la UNP, tras recibir amenazas por vía telefónica.
En un video publicado por NC Noticias se le escucha decir: “Pues por acá complicada la situación (…) como estamos con la familia, entonces casi no salimos. Tengo que aprovechar la paz para que nazca el bebé en un país en paz”. Al momento del asesinato, había empezado a construir un ranchito ubicado frente a un punto de control de la minga, al lado del hogar de su madre. Su compañera y su hija, de un mes de nacida, quedan en una grave situación económica.
El club de los comunicadores muertos
El mismo día del asesinato de Anderson, también fue ultimado en El Charco (Nariño), Daniel Esterilla, a quien apodaban cariñosamente “El viejo”. A sus 61 años era agricultor. Desconocidos le dispararon tras salir de una reunión con representantes del Gobierno colombiano, la Misión de ONU y el SENA, relacionada con la reincorporación. Esterilla, fundador del Frente 29 de las FARC, actualmente estaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán. Entre sus labores ejercía la comunicación organizacional, siendo uno de los excombatientes que más charlas de pedagogía de paz dio durante el proceso de La Habana, en el contexto de bombardeos y “bajas” efectuadas por el Estado contra las FARC, que habían decretado un cese al fuego unilateral. Sus compañeros mencionan que era uno de los mejores instructores, pues con precisión y claridad llevaba el mensaje de paz a quienes como él juraron que su única arma serían las palabras. Respecto a la relación entre comunicación y liderazgo social, Pedro Vaca, director de la FLIP, ha afirmado que “la libertad de prensa no es un derecho únicamente de los periodistas. Y si bien buena parte de los asesinatos a líderes no se pueden asociar directamente con la labor periodística, lo que uno sí puede ver es que buena parte de esos liderazgos están hablando de asuntos de interés público que es lo que protege realmente la libertad de expresión”.
Además de tener que afrontar el daño psicosocial, los familiares de Anderson y de Daniel, debido a sus condiciones económicas, tuvieron que apelar a la solidaridad para recolectar el dinero de las exequias; y las organizaciones que integraban han perdido a dos comunicadores en esas regiones que siguen siendo un país lejano y silenciado.
El país en el que morimos
En el contexto del DIH, que son las normas que rigen la guerra, se prohíbe expresamente la perfidia: “Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados”. (Artículo 37 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 suscritos por Colombia). En otras palabras, la perfidia es una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar de buena fe (por ejemplo, garantizando que le brindará protección a los enemigos que entreguen las armas), con la intención de romper esa promesa una vez que el enemigo esté indefenso, como ocurrió recientemente en el caso del asesinato y ocultamiento del cuerpo del excombatiente Dimar Torres, a manos del ejército.
En el Acuerdo de Paz se suscribió un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Punto 3.4). Dicho Sistema pretende desarrollar “un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos”. Sin embargo, desde que se suscribió el acuerdo de Paz hasta la fecha, 135 exguerrilleros de FARC en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia. Las FARC han documentado 34 casos de asesinato a familiares de exguerrilleros. A esta carnicería, se suman 702 líderes sociales y defensores de DD.HH. asesinados desde el 1 de enero de 2016.
Las trampas a la buena fe
El mismo día del asesinato de Anderson y de Daniel, el Presidente Duque llegó al centro de estudios políticos Canning House (Londres), donde fue recibido por un coro de Defensores de DD.HH. que le gritaba “¡Asesino!”. En el suelo habían instalado una larga tela blanca, en la que se podía leer en letras rojas el nombre de los líderes sociales asesinados durante su gobierno. Ante la audiencia de la conferencia dada por Duque en dicho centro, en la que se refirió al crecimiento económico de Colombia y a su potencial para la inversión, el mandatario afirmó: “Nos duele el asesinato de líderes sociales. Tenemos todo el compromiso de avanzar en su protección en todo el territorio. En lo corrido de nuestro Gobierno registramos una reducción cercana al 32% de los crímenes en su contra”. Afirmación que fue refutada por José M. Vivanco, director de Human Rights Watch: “estas cifras no reflejan la realidad. Hasta el mes pasado, la ONU había confirmado 60 asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos entre agosto de 2018 y mayo de 2019. También había documentado 88 casos durante el mismo periodo de la presidencia de Santos, es decir, entre agosto de 2017 y mayo de 2018. Sobre esta base el gobierno argumenta que habría un descenso del 32% al comparar ambos gobiernos. Pero el gobierno olvida que la oficina de la ONU aún está verificando 43 casos presuntamente ocurridos durante el gobierno actual (…) la metodología del gobierno de incluir solo los casos confirmados puede generar la impresión de un “descenso”. Pero se trata de una imagen circunstancial, que no da cuenta del fenómeno completo, sobre todo cuando hay tantos casos aún por verificar”.
