De las luchas del pueblo venezolano y de sus conquistas sociales en favor de los derechos humanos, no habla el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: VTV

Elson Concepción Pérez.— En realidad es muy penoso usar o representar a una institución de las Naciones Unidas, como la Comisión de Derechos Humanos, para, de la manera más parcializada y mentirosa, hacer informes acusatorios contra el Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

En tanto, ni una palabra acusatoria para quienes, en violación flagrante de los derechos humanos, aplican un verdadero cerco económico contra el país, acción que ya provoca hambre y muertes entre la población más vulnerable.

Tampoco una denuncia contra los llamados opositores que se autoproclaman presidente o que piden una intervención armada contra el país. Ni para los especialistas en crear falsos positivos para justificar la agresión.

Que la OEA y su descalificado secretario general lancen las más mentirosas acusaciones, encabecen la agresión diplomática y política, desconozcan a las verdaderas autoridades y se alineen con terroristas internos y externos tiene la explicación de que es la OEA, una institución desprestigiada hasta los tuétanos al igual que el señor Luis Almagro.

Pero que una comisión de la ONU se use como bandera o como coro para aislar a Venezuela, no puede tener otra interpretación que de irresponsabilidad, cuando menos.

El informe presentado ahora por la señora Michelle Bachelet carece de lo más elemental: ética, transparencia e imparcialidad.

¿Cómo es posible que esa representante de la ONU pueda hacer válida la información de sectores del terrorismo venezolano y que –en un verdadero acto de irrespeto a las normas de la diplomacia internacional– hasta contemplara en su agenda una reunión con un Juan Guaidó, identificado con la peor calaña de esa nación y que toda su función es ilegal por cuanto no ha sido elegido por nadie?

¿Dice algo el informe de la señora Bachelet, sobre los jóvenes venezolanos quemados vivos en plena calle por parte de los llamados «guarimberos» pagados por Juan Guaidó y Leopoldo López? No.

¿Cuántas veces se recoge en este informe la denuncia de los familiares de los niños que han muerto en espera de un trasplante de médula debido a que el Gobierno estadounidense de Donald Trump congeló y se apoderó del dinero venezolano en bancos europeos, destinado para el pago de esas acciones médicas?

¿Dice algo al respecto la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? No.

Esta vez el citado documento fue elaborado por una chilena que, en época de la dictadura en su país, conoció en carne propia qué es violación de derechos humanos. Y, en el caso de Chile, fue la dictadura de Pinochet un ejemplo de cómo se aplastan los derechos humanos. Tortura, muerte, desapariciones y mucho más. Pero, confieso, no recuerdo si entonces o después se hayan elaborado informes acusatorios de los que se desprendieran sanciones internacionales.

Pero los años pasan y el tiempo –todo hace indicar– hasta crea una especie de metamorfosis mental o de amnesia para quienes prefieren «olvidar».

En Venezuela, la Constitución de 1999 establece la garantía de los derechos humanos, su promoción y vigilancia, como parte del Poder Ciudadano.

El Gobierno legítimo del país bolivariano ha rechazado categóricamente el informe presentado este viernes en la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, y lo ha catalogado como «distorsionado», que «presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en Venezuela».

Según un despacho de EFE, Venezuela también lamentó que el informe de Bachelet omita «en su totalidad los logros y avances alcanzados» en materia de derechos humanos por el chavismo, que gobierna desde 1999.

«No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos, y se invisibilicen o minimicen los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos», insistió el Gobierno bolivariano.

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