Los israelíes llaman al muro de separación “valla de seguridad”, pero para los palestinos, sin embargo, es el “muro del apartheid”.
En 2002, Israel comenzó la construcción de una barrera en los territorios ocupados. Argumentó que es una defensa vital contra la infiltración de atacantes palestinos. La medida fue rechazada por organizaciones internacionales. Un día como hoy en 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) urgió a Israel a derribar el muro, al que tildó de “ilegal”.
El Tribunal de La Haya consideró que la construcción del muro viola la Convención de Ginebra de 1949, que defiende los derechos de los civiles en tiempos de guerra, y que tal Convención es aplicable en el conflicto entre Israel y Palestina.
Al menos el 85 por ciento de la ruta planificada, de 712 kilómetros de muro, se encuentra dentro del territorio ocupado palestino. Eso afecta la capacidad diaria de familias palestinas como la de Hosam Yuma para acceder a sus tierras, escuelas, hospitales, así como al resto de la población palestina, que también está parcialmente aislada de estos territorios y comunidades.
Según la ONG palestina “Stop The Wall”, una vez que se complete el muro, en algunos puntos de tres metros de profundidad y ocho de altura, Israel habrá anexado el 46 por ciento de la Cisjordania ocupada. La barrera aislará a más de 78 aldeas y comunidades palestinas. Ahí, viven 266 mil personas que, de hecho, quedarán encarceladas en su propia casa.
