Nueve muertos y decenas de heridos. Es el saldo de la represión policial y militar el 19 de noviembre en el entorno de la planta de hidrocarburos de Senkata, en la ciudad de El Alto. Antes de la matanza, el último balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifraba en 23 el número de muertos, 715 los heridos y 624 los detenidos desde que el 20 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia, en las que venció el presidente Evo Morales con el 47% de los votos. La CIDH ha alertado de que se estén “realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”; en las redes sociales, Morales ha atribuido la “masacre de hermanos indígenas que piden paz y democracia en las calles” a la “dictadura de Áñez, Camacho y Mesa”, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
Las manifestaciones de solidaridad con el pueblo boliviano tienen lugar en Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas, Ciudad de México, Nueva York o Barcelona. En Valencia, cerca de mil personas recorrieron el 19 de noviembre el centro de la ciudad, convocadas por 47 organizaciones sociales, partidos políticos, plataformas y sindicatos bajo el lema No al golpe de Estado en Bolivia. En la protesta, que comenzó en la sede del consulado de Bolivia, participó la comunidad boliviana del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) en Valencia. Además de mostrar banderas Wiphala (indígena), de Bolivia con crespón negro o comunistas, se expresaron consignas como “Evo amigo el pueblo está contigo”, “Fuera los yankis de Bolivia”, “Es un golpe, no es democracia”, “No pasarán” o “La Wiphala se respeta, carajo”. Las organizaciones condenaron en un comunicado el golpe de Estado “flagrante y servil orquestado por Estados Unidos, la UE y (…) la OEA ‘actuando como ‘Ministerio de las colonias gringas’; y ejecutado por la oligarquía de Bolivia, aquellos que una vez más han perdido en las urnas”.
En la ciudad de Sacaba -región de Cochabamba, uno de los focos de la resistencia popular-, la represión por parte de la policía y el ejército terminó el 16 de noviembre con 9 manifestantes muertos y un centenar de heridos. A J.L., albañil boliviano de 47 años, simpatizante del MAS, que participa en la marcha de Valencia, le llegan desde Cochabamba “vídeos a través del teléfono móvil sobre lo que está pasando allá, porque en Bolivia ni la televisión ni nadie dice nada; los militares mandados por la presidenta interina Áñez están matando a la gente pobre y campesina, sin que se permita que trabaje la prensa y las cámaras”. Además a los manifestantes se les trata “como si fueran terroristas, cuando no llevan nada, sólo las banderas y la Wiphala para reclamar algo que es justo”.
Actualmente, explica J.L., “tenemos una dictadura por el golpe de Estado contra Evo Morales”. Y subraya los avances en la lucha contra la pobreza durante los gobiernos del líder aymara; según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza extrema se redujo en Bolivia del 38,2% en 2005 –cuando Morales ganó las primeras elecciones- al 15,2% en 2018. Ya en diciembre de 2008, Bolivia se declaró “territorio libre de analfabetismo” con el reconocimiento de la UNESCO. Por otra parte, el Sistema Único de Salud (SUS) ha registrado 8,7 millones de atenciones médicas gratuitas (una cuarta parte a niños menores de cinco años) entre marzo –cuando empezó a aplicarse el plan- y noviembre de 2019.
V.S., de 40 años, es profesora y lleva 18 años residiendo en Valencia. Participó como delegada de mesa en las últimas elecciones: “Fue un proceso muy transparente y un orgullo trabajar para mi país”. ¿Por qué se moviliza frente al golpe de Estado? “Una no puede ser indiferente al dolor ajeno”, responde. “Del periodismo no me fío mucho, por ejemplo la prensa argentina está siendo expulsada de Bolivia”. Explica también lo que le ha sucedido a una de sus familiares en Cochabamba: “En una manifestación fue golpeada por la policía, y estuvo encerrada durante un día por llevar una bandera y su persona; le acusaron de portar cosas en la mano, que ni le han dicho… También tenía un poco de dinero para el día, que los policías le quitaron; hay gente, con comida en las mochilas, a la que los agentes les han metido explosivos para acusarlos y decir que son vándalos”.
La migrante boliviana critica el Decreto Supremo 4078, firmado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que exime de responsabilidad penal a los militares que participen “en las operaciones para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”, entre otros principios generales. “Ahora si salimos a manifestarnos, el ejército tiene carta blanca para matarnos; ¿dónde está la libertad y la democracia que tanto pedía la oposición? Y ¿dónde está la OEA?”, se pregunta. En el mismo día que V.S. realiza estas declaraciones, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha pedido “la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes”. V.S. no es partidaria de unas nuevas elecciones, sino de la “vuelta a la normalidad y que Evo termine los cuatro años de mandato, porque así lo ha pedido el país”.
“Evo Morales ha hecho muchísimas cosas por Bolivia, y a la vista está”, añade esta ciudadana. El Gobierno del MAS nacionalizó los hidrocarburos en 2006. El PIB pasó de 9.574 millones de dólares en 2005 a 43.080 millones en 2019 (el promedio de crecimiento del PIB entre 2009 y 2017 fue del 4,8%). El Salario Mínimo Nacional aumentó de 54 dólares, cuando Evo Morales accedió a la presidencia, a 305 en la actualidad; el INE señala que, en 2005, los ingresos del 10% de la población más rica de Bolivia eran 128 veces mayores que los del 10% más pobre; la diferencia en 2018 fue de 26 veces. Asimismo la deuda externa pasó del 52% del PIB en 2005 al 24,6% en julio de 2019; también mejoró la esperanza de vida, al pasar durante el mismo periodo de 63,8 años a 73,5.
Otra emigrante, trabajadora en el sector de la limpieza y residente en España desde hace más de una década, comparte la información que le remiten desde Bolivia; allí vive toda su familia: “Me cuentan que las carreteras están bloqueadas y hay muchos enfrentamientos, los policías están matando a las personas, los indígenas y los pobres campesinos como a un pájaro; eso no es justo; queremos que renuncie esta autodeclarada presidenta, a quien nadie del pueblo eligió y se ha metido en el Palacio de Gobierno; queremos que vuelva el hermano Evo…”. Simpatiza con el MAS, tiene claro que se trata de un golpe de Estado y que en Bolivia “cada vez tenemos más muertos”.
Resalta el trabajo de Evo Morales, “que ha visto como iguales a todos los bolivianos” y pone el ejemplo de las obras entregadas; no es justo que lo saquen…” (el programa Bolivia cambia, Evo cumple financió entre 2007 y 2018, en todo el país, cerca de 8.800 obras en materia de salud, educación, riego, deporte, viales o saneamiento básico; la inversión pública aumentó de 629 millones de dólares en 2005 a 6.210 millones en mayo de 2018).
La movilización termina cerca de la Agencia Consular de Estados Unidos en Valencia, donde resume la obrera indígena: “Hay una dictadura manejada por Estados Unidos, que tiene su nombre en el expresidente Mesa y el líder cruceño golpista Luis Fernando Camacho” (Medios como Telesur, La Jornada de México o Página 12 de Argentina se hicieron eco de la filtración de 16 audios -a través del portal Behind Back Doors- que revelarían una trama golpista de políticos, civiles y militares bolivianos con la participación de Estados Unidos para desalojar de la presidencia a Morales; asimismo el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó en una entrevista, realizada por el periodista Luis Hernández Navarro en Telesur, que hay “un poder externo que ha alineado a policías, militares, fuerzas políticas y gobiernos regionales para consumar esta dictadura sangrienta”. El 12 de noviembre Trump reconoció a la senadora Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. “Esta gente va a por los recursos naturales de América Latina, también de Bolivia: el litio, el petróleo, el gas, el agua…”, concluye la trabajadora entrevistada.
