Gobierno de facto de Bolivia inicia conflicto con España por situación en Embajada mexicana.

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México ha denunciado el asedio policial a su residencia y Embajada en Bolivia, donde se encuentran nueve funcionarios del Gobierno legítimo de Evo Morales.

Tras la situación irregular registrada este viernes en la Embajada de México ubicada en La Paz, Bolivia, en la que funcionarios españoles quedaron retenidos, el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez ha generado un conflicto con el país europeo.

Desde principios de semana, México ha denunciado el asedio policial a su residencia y Embajada en Bolivia, donde se encuentran nueve funcionarios del Gobierno legítimo de Evo Morales tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, alegando persecución política.

Según indicaron las autoridades diplomáticas, los funcionarios españoles acudieron a la Embajada para constatar la situación de los dirigentes políticos, pero al finalizar el encuentro, los efectivos de seguridad bolivianos no les permitían salir del lugar.

Ante esta situación, la embajadora de México en la nación suramericana, María Teresa Mercado, denunció lo ocurrido y trató de comunicarse con las autoridades de facto, sin recibir respuesta por un tiempo hasta que finalmente se permitió la salida de los funcionarios.

Por su parte, la canciller de facto boliviana, Karen Longaric, declaró a los medios que prevén protestar ante el Gobierno español por el supuesto intento de una entrada “clandestina y subrepticia” de personas armadas y encapuchadas en autos oficiales a la sede diplomática.

Aunque no lo comentó claramente, Longaric insinuó que lo ocurrido pretendía trasladar a las nueve personas que solicitaron asilo en México. “La Cancillería boliviana aún tiene que analizar (…) aunque los hechos son evidentes”, acotó.

La funcionaria de facto no perdió la ocasión para denunciar un supuesto “abuso de privilegios” y amenazar con que “sabremos dar la respuesta que corresponde en un caso de tamaña ofensa a la soberanía de Bolivia”.

El Gobierno de México ha denunciado el asedio policial e instó a las autoridades de facto a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, mientras prevén denunciar lo que sucede ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el riesgo a la integridad de su representación.

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