Por primera vez, esta semana los tribunales colombianos han acreditado al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) como víctimas colectivas del terrorisno de Estado.
Los pueblos del Cauca han cargado con una parte importante de la brutalidad del Estado: 124.785 cadáveres, según los datos oficiales. El número corresponde a miembros de 31 Resguardos y Cabildos Indígenas del Pueblo Nasa que han sido golpeados por el terror.
El caso, que en la Justicia Especial de Paz se conoce como el 005, lo dirigen los magistrados Raúl Eduardo Sánchez Sánchez y Belkis Izquierdo Torreses. Es tan gigantesco que jamás se podrá obtener una resolución individual de cada uno de los crímenes.
Los campesinos han soportado tomas, masacres, asesinatos selectivos y violaciones por parte de la Tercera División del Ejército y el Bloque Calima de las Autodefensas.
El Caso 005 investiga 2.308 crímenes de desplazamiento forzado, conductas que afectan la libertad, violencia sexual, muertes productos del terror, confinamiento y siembra de minas antipersonas, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población y amenazas.
Se han acreditado 20.205 víctimas pertenecientes a 47 Consejos Comunitarios Afrodescendientes agrupados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y otras organizaciones Afro del Sur del Valle.
Los tribunales han reconocido más de 190.000 víctimas del terror, aunque en el listado se incluyen, como no podía ser de otra forma, las acciones guerrilleras, en el mismo plano que las del Estado.
Dentro de los siete casos priorizados por la JEP se han presentado miles de colombianos para ser acreditados como víctimas: 9.264 en el caso 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP, 48712) en el caso 002 (graves violaciones a los derechos humanos y al DIH en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas), 885 en el caso 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), 15 en el caso 004 (Urabá), 124.785 en el caso 005 (situación territorial del Norte del Cauca y el Sur del Valle), 6.226 en el caso 006 (genocidio de la Unión Patriótica) y 451 en el caso 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado). En total la JEP ha reconocido más de 190.000 víctimas del conflicto armado que ya están teniendo una participación muy activa en todas las audiencias.
El terrorismo de Estado y de las bandas parapoliciales no ha parado en ningún momento. El 15 de enero el comunero Jaiber Alexander Quitumbo, de 30 años, murió tiroteado.
Cinco días antes hubo un doble asesinato en el corregimiento El Palo, sobre la vía que comunica a los municipios Caloto y Corinto. Ahí fueron atacados con arma de fuego los campesinos Juan Pablo Dicué Guejía, de 18 años, y Amparo Guejía Mestizo, de 41 años.
