Al igual que la cuestión nacional, la cuestión de la tierra es otra cuestión que la burguesía en España no ha sido capaz de resolver. El pasado día 29 de enero se veía en los medios de comunicación del capital la movilización de campesinos extremeños en Don Benito, donde se produjeron cargas policiales, coincidiendo con la feria agraria Agroexpo, en la que estaba el Ministro de Agricultura. Al día siguiente, el 30 de enero, los medios se fijaban en los cortes de la autovía A4, a la altura de Andújar y de La Carolina, donde campesinos andaluces se movilizaban exigiendo un precio justo del aceite. Estas movilizaciones, organizadas por las patronales agrarias UPA, COAG y ASAJA, así como por patronales agrarias provinciales, no sólo se desarrollaron en Andalucía y en Extremadura, sino también en provincias de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla La Mancha o Cantabria.
Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, la pequeña y mediana burguesía agraria, reivindican, entre otras cosas, la falta de precios justos, la subida de los costes de producción, los recortes en las ayudas provenientes de la UE y de las administraciones españolas y, como consecuencia de ello, la despoblación del agro, y la especulación con los productos agrarios, de tal modo que el campesino obtiene cada vez un precio menor por sus productos mientras los intermediarios, los agentes que participan en la comercialización de dichos productos agrarios, se acrecienta. También se quejan de los efectos provocados por el Brexit y la guerra comercial interimperialista.
La bancarrota económica del Estado, lo es también institucional y política y, ante este cuadro, el capitalismo monopolista de Estado se está rompiendo por los flancos que ha sido incapaz de resolver; la cuestión nacional en Cataluña, Euskadi y Galicia, ahora por la cuestión de la tierra, y también por la creciente desigualdad y agudización de la explotación capitalista.
En el Estado español, en 2009 según el último censo agrario realizado por el INE, la pequeña explotación de la tierra contaba con 503.082 explotaciones agrarias que abarcaban 1.034.020,60 hectáreas, que en términos relativos equivale al 52,01% de las explotaciones agrarias y el 4,35% de la superficie agrícola utilizada. Sin embargo, la gran explotación agraria y la propiedad latifundista contaba con 75.508 explotaciones agrarias que abarcaban 15.117.471,28 hectáreas, o lo que es lo mismo, el 7,8% de las explotaciones agrarias condensan el 63,64% de la superficie agrícola española.
Sin duda este proceso de concentración de la tierra, durante esta década, ha ido acentuándose; pequeños propietarios de la tierra arruinados han ido vendiendo sus tierras a aquéllos que pueden comprárselas, terratenientes y monopolios. Por otro lado, la UE a través de la PAC ha realizado una política agraria consistente en subvencionar la extensión que sirve para condenar al campo financiando a los parásitos terratenientes y los grandes monopolios alimentarios, esto es, capitalismo parasitario. El pasado 12 de enero de 2020, en el diario Público se publicó un artículo titulado “Labradores de sofá: más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos”, que dice lo siguiente: “En España ya hay dos ‘labradores de salón’, casi tres según cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a 250.000, según indica un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de los autónomos. (…) ¿Y qué es un labrador de sofá o de salón? Básicamente, propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados ‘derechos históricos’.” Es decir, el campo está condenado para que los parásitos fascistas – que son los dueños de las grandes extensiones de tierra como la Casa de Alba, la familia Domecq, García Carrión, etcétera – se lucren a condición de tener las tierras baldías, improductivas. He aquí el verdadero cáncer del campo, de lo que les gusta llamar a los limpiabotas del capital “la España vacía”.
A ello hay que unir que el Estado sufraga parte de la internacionalización de empresas agrarias, de tal modo que tanto el ICEX como, por ejemplo, la Agencia EXTENDA de la Junta de Andalucía les subvencionan y guían en exportar capitales a otros países, como por ejemplo Marruecos, donde desarrollan la agricultura en dicha zona, incrementando la importación de dichas producciones, así como estimulan el desarrollo de empresas de importación de productos agrícolas de otros países del mundo.
Esta realidad provoca la depauperación del campo, el subdesarrollo y con él los flujos migratorios del campo a la ciudad, a la que nutre de mano de obra barata; así como, por ejemplo, en Andalucía o Galicia, también se producen flujos migratorios del campo al litoral donde estos trabajadores son devorados en sectores como la construcción y la hostelería.
Así, pues, lo acontecido esta semana, y lo que seguirá acaeciendo no es más que la manifestación de un problema estructural del capitalismo monopolista de Estado, las costuras del sistema se abren por las partes más débiles.
Mientras esto sucede, la “izquierda” del sistema achaca el problema del campo a los bajos precios agrarios y a los canales de intermediación y distribución en manos de monopolios extranjeros, tal y como explican Cayo Lara y el PCE. ¿La solución entonces pasa porque estos monopolios sean nacionales? ¿Por qué no señalan al sistema? Pues la razón es evidente, el PCE/IU-PODEMOS son responsables de todo este sistema, son defensores de la Constitución del 78 y de la UE y, en muchos pueblos de Andalucía son incluso ellos los que se alían con los caciques locales desde los municipios que gobiernan.
Por último, los sindicatos del Estado – CCOO y UGT – no dudan en arremeter contra las protestas vinculándolas “a la derecha terrateniente y carca” defendiendo la tesis de que la subida del SMI no influye en la problemática del campo. Unos sindicatos a los que se les debería de caer la cara de vergüenza, pues son responsables de la división de los trabajadores asalariados del campo, los jornaleros, siendo sus representantes en el sector del campo el personal más lacayuno a esos terratenientes que critican, firmando convenios provinciales del campo que son auténticas puñaladas a los jornaleros.
Pero como se puede comprobar, ni unos ni otros ubican la culpa del problema agrario al auténtico causante, el capitalismo monopolista de Estado, centrando el debate sobre el salario mínimo interprofesional, al objeto de desviar al pueblo de la raíz del problema: la concentración de la propiedad de la tierra, la política agraria dictada por la asociación imperialista de la UE, que la banca sea privada, el subdesarrollo del campo, en definitiva, el capitalismo monopolista de Estado. Y es que tanto la derecha como la falsa ‘izquierda’ son iguales de capitalistas, son iguales de defensores del capitalismo monopolista.
El pequeño campesino, así como el mediano ahora que la UE se está planteando eliminar parte de las subvenciones, están ante la siguiente disyuntiva: O están condenados a la ruina en caso de proseguir la política inherente al capitalismo monopolista o se unen al proletariado y demás clases populares azotadas por el capitalismo, para superar este sistema que los condena a la ruina, es decir, para construir el socialismo. ¡No hay término medio!
Es obligación de nuestro Partido, y de cualquier comunista que se precie de serlo, estar presente en esta lucha dando nuestra alternativa a este problema estructural del capitalismo monopolista de Estado que es incapaz de resolver: La Reforma Agraria antilatifundista y antimonopolista que:
• Debe ser antilatifundista porque los terratenientes utilizan las grandes extensiones de tierras para obtener materias primas y dinero a costa de la explotación de los jornaleros; materias primas y dinero que se llevan a sus industrias y bancos de Madrid, País Vasco y Cataluña perpetuando el subdesarrollo en Andalucía, Extremadura y ambas Castillas. Se debe expropiar los latifundios y entregar la tierra a los jornaleros y pequeños campesinos al objeto de que procedan a su explotación planificada según las necesidades del país. Esta entrega a los jornaleros debe rodearse de las condiciones óptimas para que su trabajo dé el fruto planificado. Hay que dotar a los nuevos campesinos de superficie agraria suficiente para que sean rentables, de tal modo que se realizará la socialización de las tierras, y su agrupamiento en cooperativas, cuyo rendimiento, la producción, pertenecerán a la sociedad, puesto que ésta les entregará a los campesinos no sólo las tierras; también la maquinaria, aperos, semillas, abonos, tecnología, etcétera. El transporte y la comercialización de los productos ya no supondrían costes añadidos que graven la economía de los nuevos campesinos. De igual manera se procederá con los pequeños agricultores ya existentes. La sociedad pondrá a disposición del campo las estructuras adecuadas para introducir los avances científicos y tecnológicos.
• Debe ser antimonopolista porque todo lo que rodea al proceso de producción del campo está en poder del gran capital industrial y financiero: las maquinas, los productos químicos, el transporte, la comercialización y los préstamos a los pequeños campesinos; ergo están a merced de la banca y los monopolios – españoles y extranjeros – que imponen sus precios y sus leyes. Esta es la razón por la que los pequeños campesinos actuales se ven abocados a la ruina, sin poder afrontar los gastos que son superiores a los ingresos. La existencia de monopolios y de la banca privada es incompatible con nuestra Reforma Agraria. Nuestra Reforma Agraria, la que necesita nuestro país, requiere de la nacionalización y socialización de los monopolios y de la banca y, además, debe acompañarse de la nacionalización y socialización de los sectores estratégicos, casi todos ellos empresas públicas que los gobiernos del PSOE y del PP han privatizado: REPSOL, ENDESA, TELEFÓNICA, REE, INDRA, AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, IBERIA, SANTA BÁRBARA, etcétera. En definitiva, se trata de devolver al pueblo todo lo que él mismo levantó con sus esfuerzos y le fue robado por aquéllos que los privatizaron. Una Reforma Agraria que debe romper con el proyecto imperialista europeo, que debe romper con la UE porque niega la soberanía al pueblo y le impide la racionalización y la planificación democrática según los deseos y necesidades del pueblo trabajador.
Se dan las condiciones objetivas para que el capitalismo monopolista español caiga, está quebrado tanto económica, como política e institucionalmente. Esta crisis bestial del capitalismo monopolista de Estado exacerba el fascismo, la única alternativa que puede ofrecer el capitalismo y sus monopolios al pueblo junto con la ruina y la miseria. El PCOE tiene la obligación de llevar al máximo número de jornaleros y de pequeños campesinos nuestra alternativa, nuestra Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista. El momento es de lucha y de estar en la calle, en el conflicto, en el tajo mostrándoles a los jornaleros y los pequeños campesinos la inviabilidad del capitalismo monopolista de Estado y desenmascarando a los fascistas y confrontándolos. O los comunistas ocupamos ese espacio o serán los fascistas los que conducirán a los campesinos y a los jornaleros a una derrota aún mayor y, con ellos, arrastrarán a todo el pueblo, todo ello como consecuencia de la política socialdemócrata que es incapaz de dar salida a la situación, pues son tan defensores del capitalismo monopolista como la derecha y tan responsables de la situación en la que se encuentran los obreros, los jornaleros y los pequeños campesinos. Hoy más que nunca, y más en el estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!
¡Por la Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!
Madrid, 2 de febrero de 2020
Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
