2019: Año negro para los periodistas colombianos.

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El 2019 fue un año fatídico para los periodistas colombianos, objeto de asesinatos, amenazas, censura, agresiones y la pérdida masiva de sus trabajos, según un informe revelado este domingo, en el día nacional de los reporteros.

Fue un “año negro” dijo un aparte del informe “Callar y fingir. La censura de siempre”, elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una ONG de periodistas que monitorea las agresiones contra los reporteros locales.

Las cifras del informe se pueden reducir a los siguientes datos: 515 ataques a la prensa, de los cuales 137 fueron amenazas, cuatro secuestros, dos asesinatos, 66 agresiones en su mayoría de autoridades durante el cubrimiento de las protestas sociales, 13 silenciamientos por acoso judicial y cientos de despidos.

Los disparos contra la prensa vinieron de todos lados -según el informe- e incluyeron al gobierno, que guardó silencio frente a las agresiones de policías a periodistas durante la huelga nacional o por reincorporar como asesor de comunicaciones a quien ordenó censurar un programa de la televisión pública porque su presentador era crítico.

De los jueces que en 26 casos les cerraron la puerta a los periodistas para cubrir juicios de corrupción; de corruptos que encontraron en el acoso judicial una manera de escapar al cuestionamiento social; de mafiosos y paramilitares que amenazaron y desplazaron a periodistas por informar de sus atrocidades o negocios ilegales.

Sin embargo, los dos casos más ilustrativos de las diferentes violencias desatadas contra los periodistas fue el asesinato de Mauricio Lezama el 9 de mayo en Arauquita (sureste), mientras preparaba un cortometraje.

Así como el homicidio de Libardo Montenegro el 11 de junio en Samaniego (sur), quien desde su radio local impulsaba y alentaba la implementación del acuerdo de paz en su región, azotada por bandas criminales que se disputan las rutas del narcotráfico.

En ambos casos las hipótesis de la Fiscalía resultaron sorprendentes y avisaron que habrá impunidad.

En el caso de Lezama el ente investigador redujo el crimen a “problemas personales” desconociendo el entorno de violencia donde ocurrió el crimen; sobre Montenegro conjeturó que no era periodista, a pesar de trabajar en un emisora local y ser reconocido por sus colegas y la comunidad.

Uno de los hechos más evidentes de la violencia contra los periodistas fue la huelga nacional, que en sus 40 días de protestas dejó una estela de 66 periodistas agredidos, 35 de ellos por parte de la fuerza pública, en actos que fueron desde las agresiones físicas hasta el decomiso ilegal de material grabado en la calle.

“Fue el escenario más violento, de la historia reciente, contra la prensa en un contexto de protesta social”, sentenció la FLIP.

Pero las amenazas a la prensa no pararon ahí. Los corruptos y sus abogados encontraron una fórmula para silenciar en la trinchera del acoso judicial o en la publicación de los datos de contacto en Internet o en redes sociales de periodistas críticos al gobierno, a empresarios o a políticos. Ni los periodistas extranjeros estuvieron a salvo del entorno difícil para los reporteros.

En mayo el corresponsal en Colombia del periódico The New York Times, Nicholas Casey, publicó un informe que revelaba la posibilidad de que una directiva oficial podría abrir la puerta a nuevos crímenes de Estado por parte de militares.

El periodista estadounidense y su fotógrafo debieron salir del país luego que dos congresistas del partido de gobierno los acosaran y difamaran en redes sociales.

A todo lo anterior se sumó un escenario aún peor: la pérdida progresiva de puestos de trabajo. Al menos 1.100 trabajadores de la prensa fueron despedidos en los últimos cuatro años por razones económicas, de acuerdo a la versión de los dueños de la prensa local, que en el último tiempo pasó a manos de grandes emporios empresariales y financieros.

(Con información de ANSA)

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