La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en sus artículos 23.2 y 23.3: «Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual». «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social».
Esta declaración, tan aplaudida e invocada por gobiernos de todos los colores en los países capitalistas, consagra de esta forma la esclavitud asalariada, el trabajo asalariado como única forma de subsistencia para la clase trabajadora, negando de esta forma el derecho de una sociedad a una organización económica superior, a la supresión del salario como método de esclavitud moderna, a la superación del capitalismo como sistema económico criminal e inhumano para instaurar un sistema superior, más justo y necesario, el Socialismo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un intento de legitimar el capitalismo como estado final de la sociedad humana, intentando negar la inevitable descomposición actual del sistema, que ya sólo se sostiene a base de guerra, explotación y miseria. Reflejo de esto es también su artículo 21.3, que indica que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente», negando así la participación política del pueblo más allá de las elecciones, negando la organización de las masas populares y su acceso al poder al margen de las instituciones burguesas.
Pero si esta declaración no es más que la plasmación de la explotación capitalista, la carta magna del imperialismo, ni siquiera éste respeta sus propios artículos, mostrando que en el estado de descomposición actual del capitalismo, la tendencia a la reacción y al fascismo anula cualquier derecho democrático en aras de salvaguardar el poder económico de una minoría.
En su artículo 13.2, la DUDDHH dice: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Y el artículo 14.1, dice: «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país». Estos artículos plantean una contradicción enorme en el mundo capitalista, pues el imperialismo sólo se sostiene hoy mediante guerras de rapiña para explotar recursos en otros países, de forma que es responsable directo de las condiciones inhumanas que obligan a muchos pueblos a abandonar sus países huyendo de la destrucción de la guerra.
La realidad demuestra el desprecio del imperialismo por sus propias leyes, por sus declaraciones de derechos y de intenciones, que se vuelven papel mojado en cuanto el pueblo pretende llevarlas a la práctica. Y si bien los Estados capitalistas incumplen leyes y acuerdos que ellos mismos firman, la justicia, como un instrumento más al servicio del sistema, no duda en adaptar las leyes que considere necesarias para intentar legitimar estos abusos. Así lo confirma el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleva años realizando el Estado español.
El fallo se sustenta en la irregularidad de la entrada de esos inmigrantes, que no usaron los «canales regulares» para acceder al país, canales que la propia Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lleva años denunciando que no existen. La inmigración es, como todo en este sistema, una cuestión de clase. Esos ‘canales regulares’ existen para quienes pueden adquirir un bien inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros, o quienes pretendan realizar una inversión significativa de capital, por un valor igual o superior a 2 millones de euros, tal como regula la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 63.
Estas son las leyes que defienden los mismos que hipócritamente condenan esta resolución del TEDH. Sira Rego, eurodiputada de IU, partido que ha sido el sostén del PSOE en numerosos gobiernos y que forma parte del actual gobierno de coalición entre social fascistas y oportunistas, declaraba que «estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras», omitiendo que es el Estado español de cuyo gobierno forma parte su partido el que ha incumplido sistemáticamente el anterior criterio de ese tribunal, que viene tan sólo a legitimar una práctica que ya se estaba llevando a cabo.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) manifestaba que «no todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos», mientras que este sindicato junto con UGT se han posicionado en numerosas ocasiones del lado del imperialismo, responsable de la destrucción de los países de los que esos mismos inmigrantes huyen.
Oportunismo político y sindical de la mano, condenando las consecuencias de las causas que apoyan, ambos hablando de derechos humanos, negando la cuestión principal, la cuestión de clase, legitimando este sistema que niega los derechos a la clase explotada, la clase trabajadora, y se los concede a los explotadores. Esos son los derechos ‘humanos’ que defienden en la práctica tanto unos como otros.
El pueblo jamás podrá vivir en paz mientras siga dejando su futuro en manos de oportunistas, mientras no se organice para tomar el poder y mandar al estercolero de la historia este sistema criminal, para construir la única alternativa posible, el Socialismo. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a todas las clases populares a alejarse del oportunismo político y sindical y a organizarse desde abajo en un Frente Único del Pueblo, que una todas las luchas en una única contra el capitalismo, que se convierta en un órgano de poder que permita que las riquezas que generamos los trabajadores pasen a manos del pueblo.
