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A finales de la pasada semana se declaraba en toda España el estado de alarma. Un instrumento legal que permite por tiempo limitado el reducir, o incluso dejar en suspenso, algunos de los considerados como derechos democráticos básicos o aplicar medidas excepcionales. Su justificación legal se circunscribe a cuando existan circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.

El único precedente de estado de alarma en nuestro país fue el declarado a raíz de la huelga de controladores de 2010 por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, creando un grave precedente que ponía muy a las claras que el gobierno socialdemócrata iba a poner todos los mecanismos necesarios para frenar las justas reivindicaciones de los trabajadores del sector.

En el caso actual no estamos ante una declaración con un sentido de clase tan visible y palpable. El actual estado de alarma se decreta ante una emergencia sanitaria producida por una pandemia que amenaza con colapsar el sistema de salud y producir un elevado número de víctimas mortales entre la población, especialmente entre las personas de mayor edad y aquellas que sufran patologías previas de diversa índole. Estamos por lo tanto ante una medida razonable y razonada, si bien el carácter de clase de las medidas concretas aplicadas está presente como en cualquier otra acción política.

No diremos que la declaración del estado de alarma haya sido desproporcionada, ciertamente hay cuestiones que son incontrovertibles y ante la propagación de una pandemia como la que estamos viviendo se necesita limitar los desplazamientos de la población para frenar la curva de contagios, suspender los eventos de masas, decretar la puesta a disposición de aquellos recursos sanitarios precisos, garantizar el abastecimiento y los servicios básicos, etc. Hasta aquí nada que decir. Pero veamos las consecuencias en el mundo del trabajo y las medidas adoptadas.

Durante los primeros días se empiezan a producir irregularidades en diversas empresas que obligan a sus trabajadores a coger vacaciones o días de descanso, algo de todo punto ilegal pero que de ser aceptado por los trabajadores en caso de un despido dentro de unos meses evitará a la empresa el pago de esos días en el finiquito. En otras ocasiones se producen directamente despidos y empiezan a valorarse Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Los meses anteriores habían sido de expectativas sobre la próxima crisis económica. Se hablaba de ralentización, pero se huía del término recesión. Ahora, fruto del COVID-19, se comienza a hablar claramente de recesión.

Empresas, muchas de ellas de gran tamaño y con grandes cuentas de resultados, comienzan a moverse con el objetivo de no arrimar el hombro desde el punto de vista económico ante esta nueva crisis. Y al igual que en la crisis económica anterior buscan los mecanismos legales para hacérnosla pagar a los trabajadores. Su objetivo por tanto se circunscribe a su cuenta de resultados y en este sentido les importa muy poco las consecuencias sociales y/o sanitarias para sus empleados.

El objetivo, mal disimulado, es utilizar el mecanismo de los ERTE ahora, reduciendo su masa salarial con la excusa del COVID-19, para una vez pasada la crisis sanitaria reestructurar sus plantillas a la baja con un ERE por razones económicas.

Los ERTE se van sucediendo en empresas como Iberia, SEAT, CAF, Pikolin, Iberostar, Volkswagen, Cortefiel, GAM y un largo etcétera. Como el Grupo ALSEA, que gestiona las marcas VIPs, Starbucks, Domino’s Pizza, entre otras y que plantea un ERTE para sus 22.000 trabajadores. En total, según datos de los sindicatos, hay más de un millón de personas afectadas.

¿Pero qué es un ERTE?

Debemos explicar que un ERTE supone dejar en suspenso un contrato laboral temporalmente y que mientras tanto se cobre la prestación por desempleo. Eso significa que la empresa deja de tener costes salariales y pasa a cargar con ello el Estado. Por un lado, mediante el pago del desempleo y por otro mediante el no ingreso de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social.

La medida del gobierno de facilitar los ERTE hace que el Estado tenga que asumir con dinero público una carga gigantesca en un nuevo proceso de socializar las pérdidas de las empresas. Los trabajadores y trabajadoras por su parte ven claramente mermados sus ingresos ya que las prestaciones por desempleo son claramente inferiores al salario que las genera, pero además también son afectados por las consecuencias que esa detracción de fondos públicos vayan a acarrear en el futuro a la seguridad social y a las pensiones. Por su parte las empresas no aportan nada y tampoco garantizan el mantenimiento de todos los puestos de trabajo una vez pase la crisis sanitaria. Ese es el sentido de clase de esta medida. Una medida que pone el 20% del PIB sobre la mesa para beneficio, de nuevo, de los grandes capitales.

Estamos hablando que son las empresas con millones de euros de beneficios las que mejor reciben la noticia de las medidas económicas del gobierno. Sólo hay que fijarse en que tras el anuncio de las medidas económicas del gobierno el IBEX se disparó un 6,41%. Ningún autónomo o PYME cotiza en el IBEX.

Por ello tenemos que decir que otras medidas son necesarias y no las implementadas por el gobierno de la socialdemocracia. Por ejemplo, es preciso la paralización de todos los ERTE y despidos, a la vez que la intervención de las empresas de los sectores estratégicos por parte del Estado.

Ya sabemos que esa y otras medidas nos dirán que no son posibles, nosotros seguiremos planteando que son necesarias. Y serán posibles cuando mayoritariamente la clase obrera entendamos que les importan muy poco nuestras vidas. Que sus beneficios son, para ellos, una prioridad mucho mayor. Cuando el conjunto de la clase obrera seamos conscientes de ello el avance hacia nuestra emancipación habrá dado un paso de gigante y entonces lo necesario comenzará a ser posible.

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