La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a diferentes organizaciones sindicales y sociales combativas (Intersindical Valènciana, CNT València, COS L’Horta y las PAHs del País Valenciano) han presentado una serie de exigencias básicas para un plan de choque social contra los efectos de la crisis del coronavirus.
Frente al acuerdo entre patronal y agentes sociales y las políticas de instituciones neoliberales como el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea las organizaciones firmantes de este documento consideran que se debe pelear una salida justa y social a la recesión que lleva gestándose desde hace un tiempo y que ha aprovechado la pandemia del coronavirus para poner en marcha sus recortes.
El documento firmado por estas organizaciones recoge estrategias referidas a la defensa de los servicios públicos, la reversión de los recortes, la dotación de recursos materiales y de protección para los trabajadores sanitarios, en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores frente a la desprotección y abusos patronales, por el derecho a la vivienda y suministros básicos, contra la violencia machista y por la soberanía alimentaria entre otras.
Las propuestas completas recogidas en este documento son las siguientes:
- Una vez garantizado que todos los recursos sanitarios pasan al ámbito público y se ponen al servicio del interés general en la lucha contra la pandemia, vigilaremos que se garantice que esos recursos cuentan con todos los medios (humanos y materiales) necesarios para asegurar una cobertura sanitaria universal y de calidad. La atención primaria, en un sistema de sanidad público, es la vía más adecuada para garantizar el derecho a la atención universal y de calidad de la salud.
- Reversión de los recortes en todos los servicios públicos, no solo sanidad, también educación, servicios sociales, pensiones, transporte, energía y abastecimiento de agua son necesarios para hacer frente a una crisis de estas dimensiones. Para ello exigimos la eliminación de todas las limitaciones presupuestarias y medidas de control del déficit que puedan afectar o condicionar la contención de la epidemia y la atención a los afectados. Además reclamamos el compromiso de mantenimiento posterior para recuperar los niveles de calidad previos a la crisis financiera y que hoy se demuestran imprescindibles.
- Pasar de las alabanzas, merecidas, a los profesionales del sistema público de salud a dotarlos de los recursos materiales y de protección necesarios que están reclamando para luchar contra esta emergencia sanitaria. Además se protegerá especialmente al personal de los centros de servicios sociales, residencias de personas mayores y discapacitadas. También deben dotarse de elementos de protección adecuados a aquellas personas que deban realizar trabajos esenciales para la comunidad y que permitan asegurar su salud.
- Dada la situación de colapso en el que se encuentran teléfonos de emergencia como el 016 (Violencia machista contra las mujeres), al estar las mujeres confinadas con sus maltratadores, o el 112 para emergencias sanitarias, exigimos al gobierno que adopte las medidas necesarias para que se priorice la atención a estas líneas en detrimento de la atención a otras líneas comerciales.
- Condonación en el pago de alquileres e hipotecas mientras dure la crisis del COVID-19 a los colectivos vulnerables y a quienes hayan visto disminuidos sus ingresos. No reclamamos una moratoria en el pago de la hipoteca, o lo que es lo mismo: un aplazamiento del problema, “una huida hacia delante”. Pedimos la exoneración/condonación del pago de la cuota hipotecaria mientras dure la crisis del COVID-19. Hay que paralizar el cobro de deudas, intereses, comisiones y rentas inmobiliarias por parte de los grandes propietarios (banca, fondos buitre y socimis) compensando a particulares (personas físicas) y con ello a individuos, familias y pequeños comercios para así aligerar la asfixia de la población, en un contexto en el cual la economía empieza a paralizarse y los ingresos a disminuir.
- Paralización inmediata de todos los desahucios y procedimientos judiciales que puedan acabar en desahucio, sean procesos hipotecarios o de alquiler, especialmente en un contexto de gran emergencia habitacional como el actual. Es el momento de cumplir los dictámenes del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para que no haya ningún desahucio de familia vulnerable sin alternativa habitacional y cambiar la política de viviendas. No pueden pedirnos que nos quedemos en casa y a su vez estar echándonos de ellas.
- No a los cortes de suministros básicos y exención de su pago a las personas que no puedan hacerse cargo. Es hora que las eléctricas se corresponsabilicen y no sólo no corten suministros si no que eximan de su pago a todas las personas que no puedan pagarlos, superando cualquier restricción. Las suministradoras, con sus beneficios ingentes, han de empatizar con las dificultades de las familias vulnerables.
- Paralización inmediata de todos los trabajos que no imprescindibles para la salud y la vida de las personas, garantizando el 100 % del salario.
- Cobertura del 100% del salario, incluyendo los complementos de las trabajadoras afectadas por el virus o en confinamiento preventivo, bajo el mismo tratamiento que un accidente laboral. Se debe favorecer el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y que las mutuas se hagan cargo del coste económico, no la Seguridad Social.
- Debe establecerse un subsidio por un importe equivalente a una pensión no contributiva para las personas dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Empleadas de Hogar que como consecuencia de esta situación pierdan el empleo.
- Cobertura económica de los cuidados del 100% del salario como medida excepcional por aquellas trabajadoras y trabajadores que no puedan asistir a su puesto de trabajo, para hacerse cargo de terceras personas afectadas por el virus, convalecientes o afectadas por el cierre de los centros educativos, de las residencias de gente mayor o de los centros de día, favoreciendo el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.
- Parar todos los EREs o ERTEs que la patronal haya iniciado o pretenda iniciar durante este periodo de emergencia. No podemos permitir que esta crisis sanitaria se utilice para justificar nuevos recortes de derechos laborales o presupuestarios. Además la mayoría de contratos temporales han sido rescindidos incluso antes de la declaración de estado de alarma, a estas personas se les deberá garantizar las mismas condiciones.
- Plan de apoyo a las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia. Exención del pago de la cuota de autónomos y cobertura económica por todas aquellas personas que no puedan desarrollar sus tareas laborales por motivos de confinamiento, dolencia o para hacerse cargo de terceras personas afectadas directamente o indirectamente por el virus. Tampoco podemos olvidar la situación en la que quedarán los falsos autónomos.
- Programa de información a la población. Información diaria, didáctica, clara y rigurosa de la situación real, de obligado cumplimiento por todos los medios de comunicación de masas, para calmar a la población y confrontar los bulos e informaciones confusas y alarmistas. Desarticular los prejuicios racistas que se han vertido hacia la población china y gitana, culpándolas de las consecuencias de esta crisis.
- Soberanía alimentaria frente al modelo neoliberal globalizador. La soberanía alimentaria, del mismo modo que los sistemas económicos de cercanía, permiten que la población pueda satisfacer sus necesidades. Si algo muestra el modelo económico actual es una enorme debilidad por su capacidad para globalizar las crisis. La soberanía alimentaria no es una entelequia, sino una realidad que nos permite seguir alimentándonos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad.
- Vivienda digna y adecuada para las personas sin techo, refugiadas y migrantes donde puedan pasar una cuarentena en condiciones y poder afrontar el resto de problemas a los que se enfrentan como puede ser el sanitario, el desempleo o la soledad. Cierre de los CIES y liberación de todas las personas retenidas. Vivienda digna y adecuada para todas las personas desahuciadas o que no pueden ejercer el derecho a la vivienda, dónde puedan pasar una cuarentena en condiciones y poder afrontar el resto de problemas a los cuales se enfrentan como puede ser el sanitario, la desocupación o la soledad, movilizándose para ello las viviendas vacías de fondos buitre especulativos y de la banca -ésta que ha declarado 23.000 millones de beneficios en 2019 y que nos quieren hacer pagar su rescate impagado de 65.725 millones de euros-, y especialmente de Bankia y Sareb con mayoría de capital público.
- Renta básica universal que asegure la supervivencia de todas las personas que componen nuestra sociedad, como ya se está planteando en otros países afectados como Italia. Esta medida implicaría la asignación de importantes recursos económicos pero la situación de excepcionalidad que vivimos permite al estado adoptarlas. Entre otras cosas, mientras que algunos sectores económicos ven mermados sus ingresos otros los ven incrementados.
- Deben respetarse los derechos humanos y garantizarse la salud de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios y centros de menores no acompañados.
- El Gobierno debe velar por el control del precio de las cosas, especialmente de los productos básicos.
