En 2012, Juan Carlos I estaba en pleno ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. Fue entonces cuando llevó a cabo sus tejemanejes, con el banco suizo, para intentar eludir un cambio legislativo que endureció las condiciones de los depósitos bancarios.
Según información facilitada por El País, un diario nada sospechoso de querer combatir la monarquia, señala a la comisión rogatoria enviada por el fiscal suizo Yves Bertossa al juez del caso Villarejo Manuel García Castellón. Al parecer el heredero de Franco (el Campechano) cerró en junio de 2012 una cuenta suiza ante el temor de no pasar los nuevos baremos legislativos que se habían aplicado.
Bertossa cree que se trataría de la cuenta de la Fundación Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I, el cual en el momento del cierre “firmó una orden de transferir el saldo de la cuenta de Lucum a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas)».
A todo esto, no está demás recordar que el segundo beneficiario de la Fundación es el hijo de Juan Carlos, Felipe de Borbón, actualmente Jefe del Estado español sin someterse a la voluntad popular (igual que su padre), sin que la población de este engrendro que llamamos España le haya elegido (esa es la «democracia» que tanto defienden).
En resumidas cuentas, Juan Carlos estaba en pleno ejercicio de su cargo, impuesto por el sanguinario dictador Francisco Franco, cuando transfirió a su supuesta amante los fondos de la Fundación Lucum. El conocimiento de todo ello habría llevado a la renuncia, no denuncia, de Felipe VI a la herencia de su padre, algo irregular puesto que no cabe renunciar a una herencia cuando el legador no ha fallecido.
Enésimo episodio, sin duda, de la MARCA ESPAÑA.
