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Gobierno transitorio, ilegalidad imperecedera

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Todos los gobiernos de facto pretenden conseguir de algún modo sino legalidad, al menos cierta legitimidad. Solo en Bolivia a un gobierno golpista se pretende presentar como legal, legítimo y hasta democrático y respetuoso de los derechos humanos y de la libertad de expresión y opinión.

Lo curioso es que quienes más se empeñan en afirmarlo, buscando afanosa e infructuosamente fundamentarlo, son analistas estipendiados, izquierdistas renegados, periodistas camaleones, ex diputados, senadores, y viceministros de los gobiernos de Evo Morales, que considerándose a si mismos imprescindibles, se vieron sustituidos por incapacidad o impericia o concluido su mandato sin posibilidad de ratificarlo. No faltan tampoco ex dirigentes del MAS o de organizaciones sociales o sindicales.

La ilegalidad del gobierno de Añez se explica por si misma al ser un gobierno de facto, es decir de hecho y no de derecho, pero además por los siguientes e irrefutables hechos, que no son un secreto para nadie:

  • No hubo transición constitucional ni nada parecido. La renuncia de Evo Morales, fue resultado de la presión y el pronunciamiento de la policía y las fuerzas armadas que constituyen insubordinación, subversión y golpe de estado.
  • No hubo transición constitucional porque la Constitución Política del Estado no contempla, ni admite, línea de sucesión presidencial más allá del presidente o presidenta de la cámara de diputados.
  • No hubo transición constitucional porque nunca hubo el quorum necesario para siquiera iniciar la reunión plenaria de la Asamblea Plurinacional.
  • Ante la renuncia de las dos autoridades establecidas en la cata magna para una sucesión constitucional (presidente o presidenta del senado y presidente o presidenta de diputados), producto de las amenazas de muerte que sufrieron, se debió proceder por jurisprudencia al nombramiento de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, como nuevo mandatario del país.
  • La Asamblea Plurinacional se reunió sin quorum, pero además convocada sin la anticipación establecida en su estatuto y por una persona sin autoridad ni representación.

La ilegitimidad se manifiesta en los siguientes hechos:

  • Carencia absoluta de respaldo social, la presidente impuesta, junto a todo su gabinete, son militantes de un partido político absolutamente minoritario que obtuvo un 4.4% de votación nacional en las últimas elecciones y no llegó ni al 1% de votación en el departamento de La Paz, sede del gobierno, donde actualmente preside el gobierno de facto.
  • Espuria e ilegítima posesión administrada por un militar.
  • Ilegítima gestión gubernamental al pretender y en otros varios casos aplicar, políticas y proyectos de carácter estratégico que nadie consintió.
  • Ilegítima política y relacionamiento exterior.

Finalmente, la transitoriedad ha sido ya violada en dos oportunidades y se pretende sin vergüenza ni rubor, convertirla en transitoriedad indefinida.

Por lo tanto el gobierno de Añez es ilegítimo e ilegal, su transitoriedad es también ilegítima e ilegal. Todos sus actos, disposiciones y decretos son ilegales y sus responsables y suscriptores pasibles a los procesos correspondientes, lo serán también quienes acaten y ejecuten órdenes de autoridades ilegales e ilegítimas.

Gobierno transitorio, ilegalidad imperecedera.

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