247 millones de euros va a invertir el Gobierno para equiparar las nóminas de policías y guardias civiles con las policías autonómicas. Este aumento es el tercer tramo de un paquete firmado por Rajoy en 2018 con las asociaciones del sector. Pero el anuncio para hacer efectivo este aumento llega hoy, en medio de la mayor crisis del gobierno con las fuerzas de seguridad, a raíz de la destitución de Pérez de los Cobos y la posterior dimisión del general Laurentiño Ceña, número 2 de la Guardia Civil.
El aumento para los agentes policiales y guardias civiles será retroactivo al 1 de enero y se irá implementando en los próximos días. Con este anuncio, Marlaska intenta calmar el incendio en el capítulo de enfrentamiento con la dirección de la Guardia Civil, a raíz del informe presentado por esta fuerza ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, quien investiga la actuación del gobierno al autorizar la manifestación del 8M.
La movida de la jueza, solicitando a la Guardia Civil que informara a ella de forma directa, sin pasar por el Gobierno, así como el propio informe de la Guardia Civil, que afirma que el gobierno sabía que había peligros para la sanidad pública antes de la manifestación del pasado 8M, constituyen dos duros golpes para el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y justo en una semana signada por la crisis interna, después de los vaivenes del acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral, que terminó en un bluf.
El partido judicial, y las fuerzas de seguridad del Estado, con fuerte afinidad política con la derecha y la extrema derecha, parecen sumarse así a la “guerra de guerrillas” que la oposición de derecha ha declarado al ejecutivo, apelando incluso a la movilización callejera de sus simpatizantes, para desgastarlo lo más posible y preparar un acortamiento de la legislatura hacia 2021.
Pero, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno ante esta ofensiva? Nada menos que endulzarle el bolsillo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, destinando una ingente cantidad de fondos públicos que podrían haberse destinado a pagar los ERTEs de casi un millón de trabajadores que no cobran ni un euro desde el mes de marzo.
La guerra por el balance del primer embate de la crisis del Covid-19
El líder del PP, Pablo Casado, había calificado de “agresión a la Guardia Civil” la destitución de Pérez de los Cobos, al mismo tiempo que exigía una comparecencia de Marlaska en el Congreso. Por su parte, la jueza Rodríguez Medel continuaba con su investigación sobre las responsabilidades del gobierno en la propagación del Covid-19, llamando a declarar al delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, imputado por a autorizar concentraciones masivas unos días antes de declararse el Estado de alarma.
Y aunque el informe de la Guardia Civil se suponía confidencial, varios medios comenzaron a filtrar su contenido este martes, plagado de “bulos” e información tergiversada. Así, por ejemplo, según La Sexta, el informe sostiene que “el 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de Covid-19 como pandemia”, cuando en realidad lo hizo el 11 de marzo; o que algunas ministras socialistas llevaban guantes morados en la manifestación porque ya sabían sobre la gravedad de la pandemia. Todo indicaría que se trata de un “informe” a la medida de la imputación del Gobierno, tal como pretende la oposición de la derecha.
Se podría decir que el PSOE está bebiendo un poco de su propia medicina. Otros informes de la Benemérita, también repletos de información tergiversada, fueron la base del testimonio del mismo Pérez de los Cobos en el juicio en el Supremo contra la dirección independentista. Entonces no dudaron en darles credibilidad y usarlos, por medio de la Abogacía del Estado, para su acusación de sedición.
Aun así, si algo puede afirmarse, es que la gestión de la crisis ha sido pésima desde el comienzo, con una falta completa de transparencia, informaciones confusas y contradictorias (un día se decía que no hacían falta mascarillas, al otro día eran obligatorias, etc.). Y, sobre todo, la negativa del gobierno a tomar medidas radicales como la confiscación efectiva de todo el sistema de la sanidad privada, la realización de test masivos, o la reconversión de empresas para la producción de respiradores y mascarillas, que hubieran contrarrestado el colapso del sistema sanitario. Algo que de conjunto -salvo medidas parciales planteadas demagógicamente, como los tests- no critica la oposición de derecha, ni el aparato judicial, ni muchos menos las fuerzas represivas, que son enemigas de cualquier tipo de cuestionamiento a las ganancias de los capitalistas.
Dime tu curriculum y te diré quién eres
¿Quién es la jueza que investiga al Gobierno por autorizar la manifestación del 8M? Rodríguez-Medel proviene de una familia de Guardias Civiles, es hija, hermana y nieta de integrantes de esa fuerza, y forma parte de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Tuvo a su cargo la investigación por el caso del “master” de Pablo Casado y ha participado en varios casos mediáticos.
El que tiene un CV más abultado aún es Pérez Cobos, el destituido. Responsable de la coordinación entre los Mossos, la Guardia civil y la policía con el objetivo de reprimir el 1-O e impedir el referéndum catalán, proviene de una familia con militancia activa en la derecha y la extrema derecha. Mucho antes del 1-O, en 1992, fue imputado por torturas a un detenido de ETA, y absuelto. También se ha conocido que siendo muy joven se presentó como voluntario para apoyar el golpe de Estado de Tejero el 23F.
Pero en este duelo curricular no podemos olvidarnos de Marlaska, actual ministro del interior. El TEDH condenó seis procesos que instruyó por no investigar torturas y la Audiencia Nacional reconoció confesiones obtenidas por tortura en otra causa. Grande-Marlaska también reactivó la persecución a Batasuna, sentó en el banquillo al semanal El Jueves y exigió penas contra activistas del 15M y tuiteros.
Queda claro que, contra las cruzadas de la extrema derecha, la Guardia Civil o el poder judicial, no es ninguna alternativa el “mal menor” del gobierno de Sánchez, Marlaska y Pablo Iglesias, que para apagar incendios premia a los policías y guardias civiles, mientras millones de trabajadoras y trabajadores precarios siguen sin cobrar ni recibir ingreso alguno desde el mes de marzo.
