La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó el viernes una denuncia contra los extitulares de la agencia y el expresidente Macri por “producción de inteligencia ilegal” y recopilación de información en perjuicio de unas 500 personas, entre periodistas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios.
Según fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias local Télam, la información que sustenta la denuncia fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo. Al abrir tres sobres, rotulados como “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”, hallaron fichas de periodistas que habían solicitado la acreditación para la cumbre del G-20, realizada en 2018 en Argentina.
El material hallado, incluye 403 fichas de cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos argentinos y del exterior acreditados para los eventos que luego de una investigación recibían la calificación de verde, amarillo o rojo, de acuerdo al veredicto de la agencia. Además, se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, principalmente empresarios y sindicalistas, confeccionadas con motivo de la conferencia de Organización Mundial del Comercio (OMC) de diciembre de 2017.
La denuncia se asignó por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa. Asimismo, la documentación incluye informes de inteligencia sobre las organizaciones que planteaban objeciones a los eventos como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”, con varias páginas detalladas sobre sus miembros y sus contactos.
El pasado 29 de mayo el fiscal Jorge Di Lello imputó a Macri por espionaje ilegal a al menos 80 políticos, funcionarios, escritores y líderes sociales tanto oficialistas como opositores, a raíz de una denuncia presentada por la AFI.
Sin embargo, además que Macri, el fiscal también imputó a exfuncionarios de la AFI, entre ellos, el exdirector del organismo, Gustavo Arribas, el ex jefe de Gabinete del organismo, Darío Alberto Biorci, y la exsubdirectora Silvia Majdalani.
Al asumir como presidente, Macri designó a su amigo personal Gustavo Arribas al frente de la AFI, a pesar de que no tenía experiencia alguna en el manejo de los servicios de inteligencia. La gestión de Arribas estuvo marcada por la polémica, con frecuentes denuncias de espionaje ilegal, además de que la Policía de Brasil reveló que había cobrado 850 mil dólares de “propinas” por parte de Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato.