El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, dijo el martes que las medidas tomadas por Pyongyang y los países vecinos para frenar la propagación de la COVID-19 han provocado una escasez aguda de alimentos en Corea del Norte, y por ello el levantamiento de los embargos es imperativo.
“Tomé nota de las excepciones hechas por el comité de sanciones en relación con la COVID-19. Sin embargo, en un contexto, cuando la pandemia lleva a consecuencias desastrosas para la economía de Corea del Norte, insto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) a revisar las sanciones por su impacto en la vida de las personas”, enfatizó Quintana.
De igual modo, advirtió que las sanciones tendrán impacto perjudicial en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales básicos de los norcoreanos.
Por otro lado, instó a Pyongyang a liberar a los reclusos en condiciones de salud vulnerables para evitar la propagación del virus letal.
En diciembre pasado, Rusia y China presentaron ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) una propuesta para rebajar las sanciones a Corea del Norte con el argumento de que “Pyongyang está cumpliendo sus obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes” del organismo sobre el tema de la desnuclearización, pero EE.UU. rechazó la iniciativa.
Pyongyang, que ha estado presionando sin éxito para que EE.UU. elimine las sanciones que le ha impuesto, dijo en enero que ya no cumplirá con la moratoria en las pruebas de misiles balísticos nucleares e intercontinentales.
Un informe del diario estadounidense The Wall Street Journal, reveló en octubre que las sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte contribuyeron a la muerte de unos 3200 menores de edad en 2018.
