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Venezuela desmonta Informe de Misión Independiente de la ONU sobre situación de DDHH en el país

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La República Bolivariana de Venezuela desmontó el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en el país, documento calificado como un instrumento de propaganda de guerra.

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), Jorge Arreaza, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sostuvieron este sábado una rueda de prensa conjunta ante medios de comunicación social nacionales e internacionales y señalaron que este informe tergiversa la realidad del país con el objetivo de manipular el tema de los DDHH para socavar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, el canciller Arreaza afirmó que este informe “es un fraude, irresponsable y un monumento a la propaganda de guerra. Se pretende torpedear el diálogo en Venezuela”.

Recordó que en 2015, la entonces canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el Consejo de los DDHH preparaba un ataque creando las condiciones para agredir a Venezuela, incluso militarmente.

En su intervención, el Jefe de la diplomacia venezolana expresó que desde el año 2018, Venezuela ha alzado su voz a través de una Resolución en el Consejo de DDHH de la ONU para mostrar la verdad del país; ratificada en el año 2019 y que se aspira que se renueve este año 2020, mediante la cual hace un trabajo cercano con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Hay un equipo de la Alta Comisionada en Venezuela de manera permanente y además acabamos de aprobar la renovación de nuestro compromiso de trabajo con la oficina”, dijo.

Detalló, que el año pasado surgió una segunda Resolución presentada por el Grupo de Lima, el cual catalogó como cartel dirigido desde Washington para perturbar el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la cooperación con Venezuela.

“Esta Resolución se aprobó con 19 votos de los 47 de los Gobiernos o Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos, es decir el 40%, además 19 países que apoyaron la resolución de 193 países que componen el cuerpo completo de las Naciones Unidas”, acotó.

Arreaza aseveró que desde 2018 hay un equipo de la Alta Comisionada para los DDHH en Venezuela. Se reunió con el Fiscal General de la República, el Poder Ejecutivo, Judicial, víctimas de violaciones de derechos humanos, afectados por las guarimbas. “La resolución agresiva -aprobada por el Grupo de Lima- contra la soberanía venezolana establecía la creación de una comisión para la constatación de hechos”, añadió.

El canciller Arreaza señaló que ojalá la Unión Europea (UE) tenga señales de reconocimiento del trabajo conjunto que se viene realizando con Venezuela y tenga una posición distinta en el Consejo de Derechos Humanos.

Además, denunció que los “expertos” que hicieron el informe nunca vinieron al país, y se les informó diplomáticamente que ya había un equipo de la ONU trabajando en el tema.

El canciller venezolano detalló que el informe realizado hace unos días que habla sobre los casos de violación de los Derechos Humanos por parte de Venezuela, forma parte del trabajo hecho por “Luis Almagro; quien se ha lanzado a la destrucción de la Organización de los Estados Americanos”.

Igualmente, el diplomático indicó que “este informe coincide en la gira intimidatoria de Pompeo; buscando ganar votos en Florida.

“Iván Duque trata de reivindicar el informe mentiroso, durante una reunión con Mike Pompeo. Este informe es la legalización de la operación Gedeón, son unos mercenarios que con mentiras atacan al país”, puntualizó.

EL INFORME NO COMPRUEBA NADA

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, sostuvo que desde el Ministerio Público (MP) se le ha dado respuesta oportuna a todos los casos para garantizar los DDHH en el país, por lo que “el informe dado por una supuesta comisión financiada por el Grupo de Lima, que cobró 5 millones de dólares para hacer propaganda,  no comprueba nada”.

Agregó que la instancia que dirige, ha imputado a 804 funcionarios y 123 civiles, para un total de 927 personas, quienes a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia, son señalados como responsables de vulneración de derechos humanos y pertenecen a distintos organismos de seguridad.

Detalló que estas personas han sido acusadas por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, privación ilegítima de libertad lo que de manera real hemos hecho justicia para proteger la vida, integridad física y libertad personal del pueblo contemplada en la  Constitución.

Actuación institucional

Sobre el total de imputaciones ejecutadas por el órgano garante de la legalidad por violaciones a los derechos humanos desde hace poco más de tres años, el alto funcionario explicó que 143 pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y 138 a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.

Adicionó además que “fueron aprehendidos un total de 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad, de los cuales 109 pertenecían a la PNB”.

En tal sentido, Saab detalló que “en este periodo han sido acusados un total de 804 funcionarios y 123 civiles, lo que hace un total de 927 acusados a través de la presentación de 375 acusaciones”.

Asimismo, explicó que entre los acusados destacan 234 funcionarios de policías estadales, 158 funcionarios del CICPC, 153 de la PNB y 92 de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Adicionalmente, fueron sancionados mediante sentencia condenatoria un total de 127 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles para un total de 140 condenados; siendo 36 de la PNB y 26 de la GNB”, puntualizó Saab.

Como parte del proceso integral de investigación por violaciones a derechos humanos, el alto funcionario comentó que “fueron asistidas un total de 3.246 inspecciones técnicas en el sitio del suceso, en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal, y fueron presenciadas un total 11.102 autopsias”.

Apuntó que “desde agosto de 2017 hasta la fecha, el Ministerio Público ha acusado a un número considerable de funcionarios que representan cifras irrebatibles y que hemos compartido con la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ejemplo de respeto y garantía para el pueblo”.

El Fiscal General de la República anunció que además se han realizado 3.246 inspecciones técnicas, cifra importante que revela el método y detalle en un trabajo minucioso en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal.

“Hemos venido adelantando y dejan al descubierto la cultura de impunidad de alianza con los violadores de los derechos humanos que tuvo la gestión pasada. Habría que saber cuántas experticias realizaron los creadores de este informe. Ninguna porque nunca estuvieron en campo”, refirió.

Resaltó que todas estas actuaciones han sido reconocidas por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en sus informes sobre Venezuela, con quien nos reunimos con motivo de su visita a Venezuela “a partir de allí, mantenemos comunicación permanente con su equipo de trabajo en el país para la revisión de casos específicos. En Venezuela hay instituciones que trabajan todos los días en la vigilancia y protección de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”.

Prensa Digital MIppCI / Red Social Twitter / Gestión Comunicacional MP /  VTV

Fuente: minci.gob.ve

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