A través de un mensaje emitido este viernes en su cuenta en Twitter, el representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena (Austria), Kazem Qaribabadi, ha rechazado los comentarios que hizo el miércoles el director de la AIEA, Rafael Mariano Grossi, en una entrevista sobre las nuevas medidas que anunció Irán sobre sus actividades pacíficas nucleares tras el asesinato del destacado científico nuclear Mohsen Fajrizade.
Sin condenar este ataque terrorista ni mencionar las consecuencias que tuvo la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y el retraso de las partes europeas en cumplir las obligaciones asumidas en virtud de este pacto, Grossi dijo que la decisión de Irán de desarrollar su programa nuclear supondría “una desviación aún más de sus compromisos” y que la medida no ayuda a nadie, incluso al país persa.
Al respecto, Qaribabadi ha dejado claro que la AIEA solo tiene el deber de verificar y supervisar, no ofrecer cualquier evaluación y análisis sobre el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), alcanzado entre Irán y el Grupo 5+1 —compuesto por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, antes de que el país norteamericano se saliera en 2018 y reactivara sus sanciones injustas contra Teherán—.
“La única función determinada para la Agencia Internacional de Energía Atómica en el JCPOA es supervisar y verificar las acciones relacionadas con la energía nuclear y proporcionar informes actualizados”, ha indicado el funcionario iraní.
En reacción al asesinato cobarde de Fajrizade, el Parlamento iraní aprobó las líneas generales de un proyecto de ley, denominado “acción estratégica para levantar las sanciones” de EE.UU., y obligó a la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) a iniciar en un plazo de 3 meses la instalación, la inyección de gas, el enriquecimiento y el almacenamiento de materiales, con al menos 1000 máquinas centrifugadoras de segunda generación (IR-2m) en la planta nuclear de Natanz (centro de Irán), entre otras obligaciones, si las partes firmantes del JCPOA no vuelven a cumplir sus promesas.
Teherán ha asegurado que el asesinato de su científico no quedará impune y seguirá impulsando su programa nuclear con fines pacíficos.
