Francisco Vílchez.— El Gobierno español necesita ofrecerle a Bruselas una garantía de que se va a contener en el futuro el gasto en pensiones. Y la fórmula elegida es esta ampliación de 25 a 35 años de los años para el cálculo de la pensión. Esto, en la mayoría de los casos, pero en especial en las personas con peores historias laborales, implica una reducción inmediata porque en los primeros años de vida laboral casi siempre se cotiza peor y se gana menos que en los últimos.
Según El País el texto que ha enviado el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Jose Luis Escrivá a todos los ministros implicados en el área económica del Gobierno es muy claro. Señala, según estas fuentes, que se estima que el efecto de pasar de 25 a 35 años el periodo de cálculo para la pensión supondrá, para las pensiones entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 5,45%. Este porcentaje está dentro del rango de otros estudios similares, que los cifran entre el 3% y el 7%.
