Una compleja trama rodea la historia de Emilio Hellín, el ultraderechista que asesinó a sangre fría a Yolanda González. Tanto él como su compinche, Ignacio Abad, secuestraron a la militante de 19 años haciéndose pasar por policías, sometiéndola a malos tratos y ejecutándola a tiros poco tiempo después. Ocurrió en 1980, y fue considerado uno de los crímenes más cruentos perpetrados después de la muerte del dictador.
Hellín, condenado a 43 años de cárcel por delitos de asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto, tan solo pasó unos pocos años en el penal de Alcalá de Henares, desde donde consiguió fugarse a Paraguay, encontrando asilo político como colaborador del régimen de Stroessner.
Aunque fue extraditado nuevamente a España, una vez puesto en libertad decidió cambiar su nombre. Experimentado en espionaje y dispositivos tecnológicos, en 2013 comenzó a colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a través de su empresa New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal.
Su andadura desde la creación de esta entidad ha estado relacionada con la Administración Pública, ya en democracia, así como contratada como perito por la parte acusada en casos polémicos como el de José Bretón. Asimismo, su relación con la esfera política es dilatada: intercedió en el caso de Vicky Rossel contra el juez Alba, condenado a 6 años y medio de cárcel por diversos delitos que favorecieron a José Manuel Soria, exministro de Mariano Rajoy, en su andadura electoral.
Ahora, bajo el nombre de Luis Enrique Hellín, ha firmado el informe pericial aportado por Cifuentes en el ‘Caso Master’, que investiga la presunta falsedad de su titulación universitaria, donde se defiende la veracidad del testimonio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
laultimahora.es / insurgente.org