“Mis dos manos levanto para pedir que se declare persona non grata a la representante de la Unión Europea”

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Estas fueron las palabras pronunciadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dieron contundente respuesta a la Unión Europea (UE) por la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra 19 funcionarios activos de la nación caribeña

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En la nueva lista se incluye a dos diputados opositores por supuestas acciones antidemocráticas, al participar de las elecciones parlamentarias de 2020.

Durante su discurso, aparte de pedir la expulsión de la jefa de esa delegación europea Isabel Brilhante, en un acto de reciprocidad, Rodríguez llamó a revisar las condiciones por las cuales existe una oficina de la UE en el territorio: “Nosotros si tenemos una oficina aquí de la UE, que desconoce los Derechos Humanos y que además desconoce el Derecho Internacional, pero por ejemplo en ningún lugar de Europa funciona una oficina del ALBA, de PetroCaribe o Unasur”.

Además de mostrar indignación por esta medida de la UE, que una vez más agrede los principios democráticos del pueblo venezolano y su soberanía, Rodríguez destacó: “las manos levanto para repudiar una acción contra venezolanas y contra venezolanos, sanciones que son contra la soberanía de Venezuela”. El presidente de la Asamblea instó a Josep Borrell a que sancione a los 277 diputados y diputadas electos.

En esta sesión del martes 23, luego de debatir ampliamente sobre el punto, se logró aprobar por mayoría un “Acuerdo de Repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo y las instituciones Democráticas de la República Bolivariana de Venezuela”, presentado por la diputada Ileana Medina, como refleja el portal institucional parlamentario.

La queja sobre estas nuevas medidas será interpuesta ante la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para así engrosar el extenso informe de agresiones políticas contra funcionarios y funcionarias de Estado, acciones que han coartado la libertad de movilización, con lo que se eleva a 55 la cantidad de personas sancionadas, con prohibición de viajes y congelación de bienes, disposiciones ilegales que se están aplicando desde 2017, en consonancia con las políticas emitidas desde los Estados Unidos.

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