Entre sus reclamaciones, exigen que la ley deba garantizar el derecho a una vivienda digna, accesible y adecuada, la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y la obligación de alquiler social para los grandes tenedores. Asimismo, piden también asegurar el parque público de viviendas, regular el precio de los alquileres y garantizar los suministros básicos y telecomunicaciones.
