Javier Martorell (Unidad y Lucha).— La entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) nos es presentada como un avance hacia una política «más humana y solidaria». Bajo esta retórica, la Unión Europea (UE) lo exhibe como un logro en la conciliación de los derechos humanos con la seguridad fronteriza. Sin embargo, tras un análisis materialista, se evidencia que el PEMA constituye un nuevo paso en la adaptación del imperialismo a las contradicciones de su propio sistema y a la crisis estructural que lo atraviesa.
La inmigración es un fenómeno ligado a las relaciones de producción capitalistas. Las guerras, el saqueo económico y la subordinación que impone el imperialismo generan desplazamientos masivos de población. Al destruir las condiciones de vida en regiones estratégicas, se obliga a millones de personas a abandonar sus hogares. Desde una perspectiva de clase, entendemos que el capital europeo no busca acabar con la migración —algo incompatible con sus propias necesidades objetivas—, sino administrarla en función de sus intereses. El objetivo real no es otro que regular la movilidad de la fuerza de trabajo, reforzando los mecanismos de selección y control de las poblaciones migrantes.
Tras la máscara con la que se presenta el PEMA se esconde un auténtico régimen de excepción. Mecanismos como la denominada «ficción de no entrada» permiten tratar jurídicamente a personas que se encuentran físicamente en suelo europeo como si nunca hubieran cruzado la frontera. Esto normaliza los procedimientos acelerados y las retenciones en condiciones cercanas a la detención, donde miles de personas pueden sufrir el hacinamiento, la falta de garantías legales y la recogida forzosa de datos biométricos, incluso en el caso de menores.
La denominada «Europa de los derechos» reserva así para quienes huyen de las guerras, de la miseria o de las consecuencias del saqueo imperialista un régimen basado en la vigilancia permanente, la incertidumbre jurídica y la privación de libertad. El drama humano se convierte en expresión inseparable de una política cuyo objetivo principal no es proteger a las personas, sino gestionar y contener los movimientos de población conforme a las necesidades del capital europeo.
Mantener a miles de trabajadores y de trabajadoras en la irregularidad o bajo la amenaza permanente de expulsión cumple, además, una clara función de clase. Por un lado, garantiza una masa de mano de obra de reserva lista para ser explotada: trabajadores ultraprecarizados y desprovistos de derechos sociales y sindicales que se ven obligados a aceptar las peores condiciones en el campo, la construcción, los cuidados o los servicios. Por otro, esta vulnerabilidad extrema es utilizada por la patronal para ejercer una presión constante sobre los salarios y derechos del conjunto de la clase obrera.
Por si esto fuera poco, el racismo institucional actúa como una herramienta ideológica de dominación. Al señalar al migrante como responsable del deterioro de los servicios públicos o de la escasez de vivienda, la burguesía fomenta la xenofobia y el chovinismo. Su objetivo es fragmentar la conciencia de clase, logrando que el trabajador autóctono culpe de sus miserias al eslabón más débil, en lugar de dirigir su lucha contra el verdadero objetivo: la dictadura del capital.
Otro aspecto destacable es la llamada «solidaridad flexible», que convierte el derecho de asilo en una cuestión mercantilizable, permitiendo que los Estados sustituyan la acogida efectiva por compensaciones económicas y financiación de mecanismos de control y expulsión. España ilustra bien esta lógica: la reducción de las llegadas a Canarias se ha apoyado en el fortalecimiento de los acuerdos económicos con Marruecos, Mauritania y Senegal, convirtiendo a terceros países en guardianes a sueldo de la fortaleza europea.
Ante esta situación, las posiciones reformistas denuncian que la UE se aparta de los valores que proclama y proponen corregir las deficiencias del pacto sin cuestionar el marco en que este se desarrolla. Desde una perspectiva revolucionaria, por el contrario, el PEMA no constituye una anomalía, sino una expresión coherente de la función que desempeña la Unión Europea como instrumento político del capital monopolista. No se trata de una desviación respecto al proyecto europeo, sino de una manifestación consecuente a su verdadera naturaleza.
Frente a todo ello, el internacionalismo proletario exige combatir las causas materiales del drama migratorio. Una propuesta verdaderamente revolucionaria debe defender la salida de la UE y de todas las estructuras del sistema, luchando por la igualdad de derechos y la unidad de la clase obrera sin distinción de nacionalidad, combatiendo al imperialismo y la explotación. ¡Frente a los muros del capital, solidaridad de clase e internacionalismo!
