INDIA: El arma más perfecta del gobierno indio (1ª parte) (Palabras de Azadi desde la India)

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Cierto es que desde que el mundo es mundo, cualquier gobierno ha combatido contra aquellos que han tratado de derrocarlo y la India no iba a ser una excepción. En la llamada “mayor democracia” del mundo esa lucha posee, históricamente, el arma perfecta: UAPA

Solo conociendo su historia, podemos entender como esta “ley” se ha convertido en el arma favorita de los fascistas gobernantes.

UAPA es el acrónimo de Unlawful Activities (prevention) Act o Ley de Prevención de Actividades Ilícitas/Ilegales.

En realidad, tan represiva ley es una de las más terribles herencias que el imperio británico dejo en India. Ya en un Reglamento de Bengala de 1818 se instituyo una de las primeras leyes de detención preventiva en la India colonial. En nombre de la preservación de la seguridad del Estado, otorgaba autoridad para poner a los individuos “bajo restricción personal” a pesar de la falta de “motivos suficientes para iniciar cualquier procedimiento judicial”. Ese reglamento de 1818 se extendió finalmente a todo el país y estuvo en vigor al menos hasta 1927. Se utilizó para detener a aquellos que aspiraban a una India independiente. Desde entonces, todas las leyes de detención preventiva en la India reflejan ese afán de criminalización de la disidencia, pero no en la necesidad de demostrar las sospechas con pruebas fehacientes como sigue sucediendo hoy en día en casos como Bhima Koregaon, Delhi riots o AntiCAA.

Finalmente, en 1908 la Ley de Enmienda del Derecho Penal definió la “asociación ilícita” para así prohibir las organizaciones que trabajaban por la independencia.

Más tarde, los británicos aprobaron la Ley de Delitos Anárquicos y Revolucionarios, conocida como Ley Rowlatt (1919-1922). La Ley Rowlatt autorizaba la detención preventiva de personas durante un máximo de dos años basándose simplemente en sospechas especialmente en las áreas del pais designadas por el gobierno como “zonas afectadas” pero lo que no se definió en ningún momento fueron los “movimientos anárquicos y revolucionarios” que pretendía combatir.

Esa ley eliminaba el derecho de apelación y negaba el derecho a la representación por un abogado. Con la extensión de sus draconianos poderes a la vida ordinaria sin necesidad de estar en guerra o bajo una emergencia, la Ley Rowlatt se convirtió en el martillo usado por el gobierno para combatir cualquier disidencia.

Similarmente, UAPA carece de una definición exacta de lo que es “ilegal o ilícito”. En leyes previas a la actual como la Ley de Prevención de Actividades Terroristas y Perturbadoras (1985-1995) y la Ley de Prevención del Terrorismo (2001-2004), esa falta de definición es la clave para arrestar y encarcelar así pues, la Ley Rowlatt puede considerarse precursora de la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) y de la TADA.

LEY DE DETENCIÓN PREVENTIVA (1950-1969)

Tras la independencia, la PDA fue una de las primeras leyes draconianas aprobadas para frenar la libertad de los ciudadanos y como medida temporal para hacer frente a los problemas planteados por la violencia y los desplazamientos durante la Partición. La ley autorizaba al gobierno a detener a personas sin cargos durante un máximo de un año. Al introducir la PDA como una versión temporal de doce meses, el entonces ministro del Interior dijo que la detención preventiva permanente “requería un estudio más profundo” antes de poder aprobarse. Esta brutal ley fue revisada anualmente por el Parlamento y renovada durante casi veinte años antes de desaparecer en 1969.

LEY DE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS /ILEGALES (UAPA) -1967-ACTUALIDAD

En 1962 se celebró la primera reunión del Consejo Nacional de Integración bajo la presidencia del primer ministro, Jawaharlal Nehru. Tras la primera reunión, el Consejo recomendó que se aplicaran restricciones “razonables” al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en interés de la soberanía e integridad del Estado, y así el Parlamento aprobó la 16ª Enmienda a la Constitución de la India. La Enmienda facultaba al gobierno para imponer restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de formar asociaciones en interés de la soberanía y la unidad de la India.

Al comienzo del conflicto indo-chino, el 20 de octubre de 1962, se declaró el estado de emergencia en virtud del artículo 352 de la Constitución de la India, por motivos de agresión externa. Al mismo tiempo, estaba en marcha una crisis interna pues C.N. Annadurai, líder del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), defendía abiertamente el programa de autodeterminación de su partido, incluida la secesión de Tamil Nadu de la Unión India. El Gobierno central, preso del pánico, quiso imponer algunas restricciones a las libertades de los ciudadanos y, en consecuencia, introdujo la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) de 1967 antes de que expirara el estado de emergencia. También se argumentó que la Ley debía cumplir los objetivos de la 16ª Enmienda,

La ley se presentó en la tercera y cuarta sesiones del Parlamento (Lok Sabha) y no se aprobó debido a grandes discrepancias en la cámara. Finalmente, en la quinta sesión y en medio de agrios debates de alto voltaje marcados por la necesidad de defender la soberanía y la integridad de la India, nació la Ley (de Prevención) de Actividades Ilegales de 1967 (UAPA).

La UAPA, de 1967, se ocupaba esencial y principalmente de las “actividades ilegales”. El artículo 2(f), en palabras sencillas, definía la actividad ilícita o ilegal como aquella acción de una persona o grupo que tenga por objeto provocar una cesión/secesión o una acción que perturbe o cuestione la soberanía y la integridad territorial de India.

El gobierno indio complementó los poderes de detención preventiva de la PDA con la UAPA, que le otorgó la facultad de declarar “ilegal” a cualquier organización y, a continuación, controlar a sus miembros de manera significativa.

El término “ilegal” estuvo desde el principio muy vagamente definido, lo que facilitó criminalizar un amplio espectro de actividades, que molestaban al gobierno de la época. Con esta nueva ley, la fianza era difícil de obtener. Los acusados podían permanecer en prisión preventiva durante seis meses sin ni siquiera presentar la acusación. En comparación, los acusados de asesinato pueden obtener la libertad bajo fianza a los tres meses de la detención si no se le facilita toda la información relativa a su caso.

Como ley de detención preventiva, la UAPA ha sido objeto de un uso abusivo y ha dado lugar a detenciones por motivos políticos y a violaciones de los derechos humanos. Su gran diferencia con la PDA: la UAPA descartó la cláusula de revisión periódica, lo que la hace válida indefinidamente, a menos que se derogue en el Parlamento.

LEY DE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES TERRORISTAS Y PERTURBADORAS (TADA)/1985-95

El 23 de mayo de 1985, se promulgó la Ley de Actividades Terroristas y Perturbadoras de 1985, aparentemente para controlar el terrorismo en el Punjab y otras partes del país. Las “actividades perturbadoras”, ya sea “por acto o por discurso, o a través de cualquier otro medio”, era una definición vaga en la TADA que abarcaba una amplia variedad de actividades, incluida cualquier forma de protesta. En virtud de la ley, se crearon tribunales especiales de la TADA para procesar a los acusados de actividades terroristas en las zonas designadas por el gobierno nacional como “zonas afectadas por el terrorismo”.

La TADA creó nuevos delitos penales, aumentó la capacidad procesal de la policía y redujo las protecciones de los acusados. Las confesiones realizadas ante los agentes de policía eran admisibles como prueba, lo que facilitaba los abusos y la tortura durante la detención. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo, la ley se utilizó para detener a minorías, sindicalistas, activistas… Más de 76.000 personas fueron detenidas entre 1985 y 1995. El índice de condenas fue inferior al uno por ciento, lo que evidentemente significó que miles de personas fueron encarceladas injustamente. Las nuevas disposiciones de la ley prevalecían sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución en muchos aspectos escritos y no escritos. A causa de las acusaciones generalizadas de su uso indebido y su bajísimo índice de condenas, la TADA dejó de aplicarse en 1995.

Pero, el 24 de diciembre de 1999 el IC-814 fue secuestrado y el 13 de diciembre de 2001 el Parlamento indio fue atacado y fue a raíz de esos dos acontecimientos que se consideró necesario reforzar la ley antiterrorista

LEY DE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO (POTA)-2001-2004

Además, tras los atentados terroristas contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la Alianza Democrática Nacional en el poder propuso la POTA como nueva ley antiterrorista. A pesar de la fuerte oposición de la sociedad civil, la Ley de Prevención del Terrorismo fue aprobada por el Parlamento el 28 de marzo de 2002.

La POTA reinstauró muchas disposiciones de la TADA, garantizando así el abuso de las leyes de seguridad. La POTA reincorporó los poderes policiales reforzados de la TADA, limito el derecho de defensa, las confesiones bajo custodia policial eran pruebas admisibles y la creación de tribunales especiales. Como en las leyes anteriores, la POTA definía el término “terrorista” y “actividades terroristas” de forma vaga e imprecisa.

Así empezó su peculiar aplicación pues nunca se ha utilizado contra grupos nacionalistas hindúes sospechosos de cometer ataques terroristas contra minorías. Finalmente, y a causa de su uso indebido que fue ampliamente difundido, como la detención de Vaiko, el líder del MDMK de Tamil Nadu, la ley fue finalmente derogada el 21 de diciembre de 2004.

Ley de Enmienda de la UAPA de 2004

Al promulgar la TADA y la POTA, el Parlamento no dejó ninguna duda al sugerir que la UAPA no abarcaba los actos de terrorismo. En 2004, ambas leyes quedaron derogadas así que el Estado sintió un vacío potencial y decidió incluir los delitos de terrorismo de esas leyes en la UAPA. La UAPA, en su versión actual, se ocupa de dos tipos de actos delictivos cualitativa y fundamentalmente diferentes: la “actividad ilícita” y los “actos terroristas” lo que permite aplicaciones discriminatorias.

Entre 1967 y 2018, la UAPA ha sido enmendada seis veces: en cada una de ellas se ha ampliado la gama de poderes otorgados al Estado sobre los ciudadanos. Por ejemplo, la primera enmienda de la UAPA en 1969 amplió la aplicación de la ley a Jammu y Cachemira. En 2004, la ley se volvió a enmendar para incorporar la mayoría de las disposiciones de la temida POTA, ya derogada. En 2008, se amplió la definición de lo que constituye un “acto terrorista”. La última enmienda ha dado un paso más allá de lo imaginado ya que, según esta enmienda, el gobierno de turno puede designar a cualquier individuo como “terrorista” por mera sospecha. Además, aumenta los poderes de la Agencia Nacional de Investigación y le permite llevar a cabo sus propias actividades en todo el país sin necesidad de coordinarse con los gobiernos estatales. Tras esta última enmienda en 2019, si alguien es acusado, detenido y arrestado bajo esta ley, recae en la persona la tarea de probar su inocencia no en el estado probar su culpabilidad. Además, permite al gobierno detener a los sospechosos de ser “terroristas” durante un máximo de dos años (o más, visto lo visto en la actualidad) sin tener que demostrar que han cometido un delito.

La última enmienda permite al gobierno ser juez y parte impidiendo la imparcialidad esperada de la justicia. Cualquier acusado puede acceder a la ley por la violación de sus derechos fundamentales, pero pasarían años antes de que se hiciera justicia. Una mera sospecha, infundada o real, pone en manos de los funcionarios del gobierno un poder ilimitado para detener a cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno.

El cambio de ley también diluye el federalismo y quita derechos a los estados. Permite al Gobierno central intervenir en cualquier estado sin ni siquiera informar a las autoridades locales.

Por último, a pesar de la afirmación hecha por el gobierno durante los debates en el parlamento de que la ley cumple con las obligaciones internacionales, está claro que viola directamente múltiples convenios, entre ellos el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967. La Convención reconoce la presunción de inocencia como un derecho humano universal y permite el uso de la detención preventiva sólo como último recurso. La UAPA 2019 viola ambas disposiciones, está basada en premisas erróneas y sólo es una herramienta más para atropellar la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Esta última enmienda recuerda demasiado a la temida Ley de Mantenimiento de la Seguridad Interna (MISA) de 1971de la que Indira Gandhi abuso. La MISA permitía la detención preventiva indefinida, escuchas telefónicas y el registro e incautación de bienes sin orden judicial. Fue utilizada durante la Emergencia de 1975 para reprimir la disidencia política.

Hoy en día, la oposición pública a la enmienda dice que va demasiado lejos, pero esa no es la cuestión. La cuestión que aún no se ha entendido ni se explicado claramente no solo a los políticos sino también a los ciudadanos, que el problema no es la enmienda sino la propia ley.Leyes como la UAPA.

Con semejante ley y con los abusos continuados de aquellos que se creen amos y señores del país, no puede sorprender a nadie que haya una lucha popular dispuesta a cambiar la realidad.

En la segunda parte explicare los casos mas flagrantes de abuso, especialmente desde que la pareja Modi-Shah llego al poder en 2014, como con sucias artimañas se hicieron con un segundo mandato en 2019 y como se están superando a sí mismos en hipocresía, brutalidad, abusos, tortura…manteniendo encarcelados en condiciones infrahumanas a personas como el Dr. Saibaba o asesinándolos como han hecho con Stan Swamy.

Son muchos los prisioneros políticos y no podemos dejar que caigan en el olvido… La agencia del gobierno da la cifra aproximada de cinco mil, pero las matemáticas me fallan pues antes de la pandemia se habían arrestado alrededor de tres mil personas durante las protestas en contra de la nueva ley de ciudadanía que tenemos que añadir a esos cinco mil oficiales y además hay que añadir los adivasis encarcelados por defender sus tierras en Jharkhand y son alrededor de cuatro mil….hacer números…ni con calculadora me salen las cuentas…

Libertad para todos los presos políticos!

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