Francisco García Cediel.— La escueta noticia, de la que se hizo eco el Diario de Cantabria, reseña que el pasado 24 de junio de 2021 fue condecorado con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil el Jefe Superior de Policía de Cantabria Héctor Moreno, en atención, según reza la resolución de concesión de dicha distinción “a que siempre ha estado dispuesto o disponible a ayudar, a colaborar, a trabajar de forma leal, entregada y comprometida para garantizar la seguridad, la convivencia, la paz social y el bienestar de los cántabros”.
La ceremonia fue oficiada por la Gobernadora Civil de Cantabria, Ainoa Quiñones, del PSOE.
Sin embargo, Héctor Moreno fue condenado en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid a la pena de 48 años de inhabilitación especial y cinco meses y medio de arresto por torturas y detención ilegal de siete personas en el barrio madrileño de Malasaña, entre ellas el abogado madrileño Luis Figueroa, a principio de los años 80 del pasado siglo.
Dicha condena no fue obstáculo para que dicho agente del orden fuera ascendido a inspector jefe en 1996, solo dos años después, y en 2002 fuera nombrado comisario.
Lo cierto es que el Gobierno Aznar otorgó en 1998 un indulto parcial al futuro prócer de Cantabria, sustituyendo la pena de inhabilitación especial impuesta por otra de suspensión de seis meses y un día.
La exitosa carrera del hoy condecorado no se detuvo, y en marzo de 2017 es ascendido de nuevo a jefe superior de policía de Cantabria, a instancia del entonces ministro del Interior del gabinete Rajoy Juan Ignacio Zoido. Tal ascenso fue aceptado por Miguel Ángel Revilla, presidente entonces y ahora de dicha Comunidad.
La comisión de Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), solicitó mediante carta remitida a finales de junio de este año al Ministerio de Asuntos Exteriores, institución de la que depende la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, al objeto de que se le retire dicha distinción, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna.
Desgraciadamente, no se trata de un hecho aislado, tanto Amnistía Internacional como la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU se han hecho eco de la impunidad policial ante las torturas y malos tratos y organismos como el Instituto Vasco de Criminología y la Coordinadora de Prevención de la Tortura tienen documentadas más de 9.000 casos de torturas y malos tratos a partir de 2004, de las que 752 llevaron aparejada sanción, la mayoría como falta y no como delito.
Y conviene recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en más de 9 ocasiones por no investigar denuncias de torturas, y en algunos de estos casos estaba aludido el hoy ministro Grande-Marlaska.
Curiosamente, el 10 de junio de 2020 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley a instancia de PSOE Y Unidas Podemos en el que se instaba al Gobierno estatal a que se revocaran las condecoraciones y recompensas a “funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos”.
No es lo mismo al parecer haber sido recibido torturas con Franco vivo que haberlas sufrido democráticamente, así están las cosas.
Pese a que la historia del policía Moreno tiene varias derivadas, interesa resaltar el efecto que ocasiona que se ascienda y condecore a funcionarios torturadores en cuanto a que, para futuras generaciones de agentes del orden, un condecorado es un ejemplo a seguir, igual que ocurre en otras profesiones.
No caigamos en la ingenuidad; en todas partes el poder ampara y protege a sus servidores, incluyendo los periodos en los que gobiernan los “progresistas”, es la constatación practica del “no importa si un gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones” que dijo Felipe González el pasado siglo. El problema es que, con independencia del color del gato, los ratones seguimos siendo los mismos.