Mediante un comunicado emitido el lunes por el Ministerio de Exteriores, el Gobierno de España cuestionó las decisiones de las autoridades nicaragüenses sobre el proceso electoral del país centroamericano, declarando que las recientes medidas adoptadas como la cancelación a tres meses de los comicios, “impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”.
La reacción de Managua no tardó en llegar. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, mediante una carta dirigida el martes a la Cancillería española, condenó “la inadmisible intromisión del Gobierno de España en los asuntos internos que sólo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo”.
Nicaragua, tal y como anunció la misiva, seguirá denunciando “la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención” en sus asuntos internos, la cual consideró “impropia de Gobiernos democráticos”.
La nota añade que España carece de “autoridad moral” por todos estos “encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena”.
Ante tanta hipocresía y tanta desfachatez, la carta precisa que, rechaza todas las palabras contenidas en los incalificables, falsos y farsantes llamados de la Cancillería española.
Managua se ha convertido en objeto de críticas de ciertos países regionales y transregionales, por haber arrestado a varios opositores, principalmente bajo la imputación de haber recibido fondos del exterior.
Esto mientras, Nicaragua tacha cualquier crítica que se haga desde fuera del país de un ataque frontal y una evidencia de las injerencias extranjeras en sus asuntos internos, aseverando que neutralizará tales complots en su contra.