«Sé qué cosa figurará en el primer párrafo de mi necrológica: John Rizzo, principal asesor legal, aprobó legalmente los programas de tortura». Así, seis años atrás, en una entrevista concedida a Hill, John Rizzo había anticipado su «obiturario».
Pero además los títulos de los diarios estadounidenses que hoy anunciaron su muerte, a los 73 años de edad, en su casa de Washington, aparentemente a causa de un ataque cardíaco.
El abogado, que trabajó 34 años para la CIA, jamás eludió su responsabilidad en haber autorizado luego del 11/9 las prisiones secretas de la central de inteligencia en el mundo, y varias formas de tortura de los sospechosos terroristas islámicos, desde el infame waterboarding (ahogamiento simulado) hasta la privación del sueño y el alimento.
«Soy el arquitecto legal de la lista de técnicas propuestas y jugué un rol clave en la obtención de la aprobación legal para su uso», admitió una vez el abogado, que autorizó asimismo los ataques con drones contra los terroristas en el exterior, strikes que mataron e hirieron a innumerables civiles.
En cuanto a los «black site» (centros clandestinos de detención) en el exterior, los justificó con el hecho de que el Pentágono rechazó hospedarlos en sus bases militares.
Rizzo asumió desde el comienzo que la moralidad y la legalidad, de aquellas que fueron eufemísticamente definidas como «técnicas de interrogatorio potenciadas», serían puestas en discusión.
«Los tiempos eran tales que lo que yo pensaba que podría ser inmoral, igualmente sería inmoral, si hubiéramos rechazado unilateralmente la posibilidad de adoptar un programa que podía salvar potencialmente miles de vidas estadounidenses», explicó a Hill.
En caso de un nuevo atentado luego del de las Torres Gemelas, argumentó en 2014 con Der Spiegel, «en la investigación habría surgido que la CIA habría considerado estas técnicas, pero que era adversa al riesgo de aplicarlas y yo era la persona que las habría detenido: no podía vivir con la posibilidad de que ello un día ocurriese».
Rizzo hizo todo de modo que el Departamento de Justicia estipuló que ninguna ley estadounidense o tratado extranjero fuera violado por aquellas técnicas terribles, y que ninguna persona al servicio de la CIA pudiera ser perseguida. Solamente el dolor ligado a insuficiencias orgánicas habría constituido una tortura ilegal.
Empero, las feroces polémicas nacidas tras el descubrimiento de aquellos interrogatorios deshumanos le costaron algún ascenso: por siete años fue subjefe legal y luego principal asesor en el ministerio de Justicia, pero cuando el entonces presidente George Bush intentó nombrarlo «director jurídico» la oposición parlamentaria lo obligó a retirar el nombramiento.
Sin embargo, esto no le impidió, cuando se retiró en 2009, recibir la medalla por su «ilustre carrera» en la CIA.
Según el New York Times, Rizzo fue «más introspectivo» que muchos de sus colegas hacia aquellas técnicas terriblemente sádicas, y admitió que sus efectos a largo plazo «nunca fueron explorados en su verdadera profundidad».
Pero jamás se arrepintió y pasará a la historia como «el padre legal del waterboarding».