La Ley de Memoria “Democrática”. Un nuevo maquillaje para seguir manteniendo la impunidad del franquismo

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Como proyecto reformador de la ley de Memoria Histórica 52/2007 parida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, esta nueva ley llamada de Memoria “Democrática” está redactada bajo el aparato ideológico de la sacro santa y “modélica” Transición y la Constitución del 78, modelo que desde la muerte del dictador han guiado tanto a la derecha neofranquista, la socialdemocracia y la izquierda reformista, todo ello amparado por un sistema monárquico burgués, heredero del franquismo y garante del actual sistema de dominación.

La voluntad del Gobierno es la reconstrucción de un discurso idílico de la Transición, período donde se gestaron los grandes pactos de vergüenza y olvido para con las víctimas del franquismo y que también supusieron el desarme de la clase obrera.

Prueba de ello es la propuesta de la nueva ley de la celebración del Día de las Víctimas del Franquismo el 31 de octubre, fecha que simboliza la aprobación en el Parlamento en 1978 del texto de la Constitución. ¿Qué tienen que celebrar las víctimas del franquismo ese día? Nada.

Esta nueva ley habla de Justicia y no va a juzgar a nadie. Se habla de Verdad limitándose a hacer un censo de las víctimas sin nombrar a los verdugos y hacer un censo de los mismos. Se habla de Reparación pero no van a indemnizar a las víctimas. Esta ley no juzga ni condena jurídicamente al franquismo como régimen genocida y criminal y, por supuesto, no anula los juicios sumarísimos. Esta ley sigue sin nombrar ni condenar la colaboración de la Iglesia católica en las ejecuciones, las condenas, las persecuciones políticas y sociales, el robo de propiedades, el robo de bebés y la condena al ostracismo de millones de personas. Una ley que no anula la Ley de Amnistía de 1977, el gran obstáculo jurídico que impide juzgar los crímenes del franquismo y al franquismo en sí.

Sigue siendo una necesidad histórica acabar con la impunidad del franquismo con los principios, acciones y normativas jurídicas de VERDAD-JUSTICIA Y REPARACIÓN, principios y demandas frenados por la Ley de Amnistía de 1977, que no recogía la anterior ley de 2007 y que tampoco se recoge en la actual ley presentada.

Con esta nueva propuesta de ley, el actual gobierno del PSOE y sus socios políticos y sociales, pretenden realizar una ley de memoria histórica de punto y final, establecida oficialmente por “consenso” bajo el “espíritu” de la Transición y el sistema constitucional monárquico actual, manteniendo los privilegios de las clases dominantes, imponiendo a las víctimas su discurso de la memoria del consenso y la colaboración, la memoria de los “vencedores” y la impunidad del franquismo.

La propuesta de los y las comunistas del PCPE es un nuevo proyecto histórico para el estado español, proyecto histórico donde se recoge una Ley de Memoria Histórica Republicana y Antifascista, haciendo realidad los principios innegociables de VERDAD-JUSTICIA Y REPARACIÓN con las víctimas del franquismo, luchadores y luchadoras de la clase obrera, asesinados y asesinadas, encarcelados y torturados. Una Memoria Histórica del movimiento obrero, de sus luchas y organizaciones. Una Ley que recoja como puntos esenciales:

.- La nulidad de la Ley de Amnistía de 1977

.- La condena institucional y jurídica del franquismo como régimen criminal y genocida.

.- La nulidad de los juicios sumarísimos y el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y la Transición.

.- Una ley que permita juzgar y condenar a los criminales y torturadores.

.- Aplicación del derecho internacional y humanitario.

.- Reconocimiento y reparación a todos los niveles de las víctimas desde el golpe de estado del 17 de julio de 1936 hasta la Transición, a los deportados y deportadas y asesinados en los campos de concentración nazis, a los guerrilleros y guerrilleras y enlaces de la guerrilla antifranquista, a los luchadores y luchadoras asesinados, torturados y encarcelados en el período de la llamada “Transición modélica”.

.- Intervención directa del estado y la tutela judicial efectiva en los procesos de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes.

.- Apertura a la sociedad de todos los archivos de la represión.

Ginés Saura Fernández

Activista memorialista y republicano. Militante del PCPE.

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