Cártel de empresas para adjudicación de obra pública

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Parece ciencia ficción utilizar hoy en día el término cártel para referirse a alguna actividad delictiva en nuestra sociedad tan avanzada y democrática. Pero no hay otro nombre para designar la corrupción arraigada en nuestro sistema de adjudicaciones de contratación de obra pública. Es más, se trata del término apropiado según el lenguaje jurídico-económico para describir lo que han hecho doce empresas españolas en la última década.

¿Qué han hecho? Organizarse para repartirse los fondos destinados a obra pública en conservación de carreteras. Ni más ni menos que el 63% del dinero que ha destinado el Estado para esos fines durante la última década.

Aprovechando la ocasión, es pertinente recordar que la base sobre la cual se lucran muchas de las empresas receptoras de los fondos públicos es la precariedad de sus trabajadores. Eso pasa en todos los sectores.

Lo triste es que a nadie le sorprende y la sociedad lo asume como algo normal.

No sorprende al gran público que una empresa se adjudique una concesión con una bajada del 33% respecto al precio real de la obra o del servicio, ya que fomentar la precariedad laboral es el día a día para todos y todas. Para todos y para muchos y muchas en los sindicatos mayoritarios, «con la más absoluta tranquilidad lo advierten a todos los trabajadores» nos cuenta un afiliado del sector del mantenimiento de carreteras, «y estos aceptan casi alardeando de las tragaderas tan profundas que han ido ensanchado» afirma este compañero (desde los tiempos de Aznar, añadimos desde la comisión de comunicación, para ser históricamente exactos).

Todo muy normal.

No son pocas las empresas que renuevan concesiones de gestión de carreteras de Cataluña de formas como poco sospechosas.

Para poner ejemplos, nuestro compañero nos cuenta que «la multinacional Ferrovial estuvo 20 años ganando casi todas las contrataciones y prórrogas y en su seno estaba instalada la precariedad laboral con comité de empresa de espectador o comparsa».

Uno de los aspectos en los que repercute la infrafinanciación de los servicios públicos, es en seguridad y riesgos laborales.

El afiliado a nuestro sindicato nos cuenta que «la precariedad era bestial, se pagaban horas bajo convenio, contratos parciales en fraude de ley, sin categorías laborales, sin calendario laboral, festivos pagados como ordinarios, contratos con cláusulas abusivas, sin respetar los descansos entre jornadas», todo bajo el visto bueno del comité de empresa y los trabajadores.

Como no es novedad pero sí necesario recordar, aparte de repartirse las adjudicaciones impidiendo la entrada de empresas ajenas al cartel, sus miembros aplicaban la mejor estrategia conocida para beneficiarse de las licitaciones: precarizar a los trabajadores.

El compañero de CNT denuncia que las empresas del sector donde ha trabajado «incumplian su propio DGPO interno (Documento de Gestión Preventivo de Obra), enviando menos personal a los servicios, en algunos casos, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, dando prioridad a los beneficios económicos. No podemos normalizar, y se debería de hacer una reflexión, de las consecuencias de que empresas privadas jueguen y pongan en riesgo nuestra seguridad», sin mencionar que esto supone una vulneración sistemática de las leyes no solo en materia de derechos laborales sino también de seguridad viaria.

El cártel ha sido detectado y debidamente llevado a tribunales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero las multas impuestas a las doce empresas son irrisorias en comparación con los 530 millones de euros que han cobrado de los fondos públicos. Está claro que la actuación correcta por parte de un órgano sancionador habría de consistir en pedirle a la justicia que obligue a las empresas del cartel a retornar todos los fondos exceptuando el gasto en materiales y salarios, adjudicando ademas a los trabajadores la parte necesaria para llegar al sueldo digno.

Faltará ver si la justicia acaba imponiendo las multas, cosa que dudamos francamente, y si la prohibición de contratar en un futuro a las empresas del cartel resulta eficaz ante el fraude en cuestión.

No nos cansamos de repetir lo mismo: con plantillas organizadas y dotadas de conocimiento y herramientas de lucha construimos los diques para frenar estos desastres. Recuerda afiliarte a los sindicatos combativos.

Enlace a la nota de prensa de la CNMC:
https://www.cnmc.es/prensa/multa-cartel-conservacion-explotacion-carreteras-cnmc-202108201

Fuente: cnt.es

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