La mercantilización de las pensiones de la mano de la socialdemocracia

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Sergio Saenz.— En los últimos meses, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido protagonista en los medios de comunicación por lanzar varios globos sonda alrededor de una nueva reforma de las pensiones. Y decimos una nueva porque en el año 2008, el mismo partido que lidera hoy el gobierno, el PSOE, reformó el sistema de pensiones aumentando la edad de jubilación. Pero no fue la primera, por supuesto. La primera reforma de calado del sistema de pensiones español se realizó en 1985, de la mano del PSOE también, al aumentarse el período mínimo de cotización de diez a quince años.

 

El pacto de este gobierno de coalición, con el PSOE y Unidas Podemos como protagonistas, deja fuera del acuerdo todas y cada una de las reformas que el PSOE ha ido realizando. Lo que deja ya de por sí con una claridad cristalina la incapacidad de cualquier gobierno capitalista para hacer políticas a favor de la mayoría obrera y popular. Porque a la hora de hablar del sistema de pensiones, el escenario en el que nos deberíamos mover es el escenario de la derogación de la pasada reforma de las pensiones y no el de una nueva reforma.

España no es un país subordinado y sin recursos. España es una de las grandes economías mundiales, con un PIB anual que supera ampliamente el billón de euros y que tiene recursos más que suficientes para mantener un sistema público de pensiones. Esta reforma del sistema de pensiones está en el debate porque las grandes corporaciones bancarias y aseguradoras ven un nicho de mercado en nuestra vejez. Desean por todos los medios una reforma de los sistemas actuales de pensiones y un impulso de los sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional. Es por este motivo por el cual las empresas llevan años ofertando planes de pensiones a sus trabajadores y por el cual presionan a los gobiernos para abrir ese mercado.

Todos los gobiernos capitalistas se subordinan a los intereses del gran capital, por ese motivo, a lo que asistimos no es al debate sobre la idoneidad de esta reforma. Asistimos al chantaje sobre cómo y cuándo aplicarla y el alcance de la misma. Sobre todo en qué términos se quiere reducir el sistema público actual de pensiones para beneficiar a los planes privados. El Parlamento aprobó los fondos europeos, y estos venían con contrapartidas. Esta es una de ellas. La Unión Europea es una unión imperialista. Las medidas de la UE son las medidas del gran capital y excusar en esa unión la incapacidad de legislar a favor del pueblo solo certifica que la socialdemocracia ha llegado ya a su nivel más alto de incompetencia. Esos fondos fueron aprobados por algunos de los que hace poco han apoyado la lucha por el convenio de los trabajadores del metal de Cádiz, haciendo gala de un cinismo sin igual. Por un lado han apoyado las demandas de esos trabajadores mientras son cómplices de que se perjudique a esos mismos trabajadores aumentando, por ejemplo, sus años de cotización para acceder a la prestación de jubilación.

Porque entre las cuestiones que se quieren reformar está, por ejemplo, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones. El gabinete de Escrivá trabaja con la posibilidad de ampliar a 35 años el cómputo de años para calcular las pensiones de jubilación, que actualmente solo tienen en cuenta los últimos 24 años (en 2022 esta cifra será de 25), lo que supone en la práctica una perdida de 100 euros mensuales netos de media.

La gran cuestión, como hemos dicho antes, está en la reforma del sistema público de pensiones para dar un gran impulso a los sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional, los llamados planes de pensiones privados. Es aquí donde está el meollo de esta reforma. El objetivo de este artículo no es criticar sin dar ningún argumento. España tiene suficientes recursos para poder tener un sistema de pensiones donde la clase obrera se jubile a los 60 años y a los 55 años para quienes presten servicios en determinados trabajos. Debemos de abordar la progresiva reducción de la jornada laboral, que facilite que nuestra clase tenga unos hábitos saludables y una elevada atención sanitaria, que nos permita una vida digna. La cuestión no es tanto cómo repartir los recursos existentes, sino señalar y arrebatar a una minoría de culpables, que fagocita vorazmente el resultado de nuestro trabajo, los recursos que nuestra clase produce.

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