El más violado: el derecho a la vida

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El 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos (DDHH) miles de manifestantes exigieron al Gobierno parar el Genocidio contra Defensores de Derechos Humanos (DDH) y la oposición de izquierda, dejar de perseguir a los comunicadores sociales y respetar la libertad de expresión.

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Las cifras del Genocidio político en curso son alarmantes, la Defensoría del Pueblo asegura que en lo corrido del año han asesinado 130 líderes sociales, el equivalente a dos asesinatos cada 5 días, el 75 por ciento de estas ejecuciones selectivas está concentrado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño y Caquetá; los sectores más criminalizados son: indígenas (30), comunales (30), sindicalistas (19), activistas (16) y campesinos (14) [1].

Prácticas Genocidas con licencia legal

En el informe ‘Resiste’ del Programa Somos Defensores afirma que el régimen está consumando un Genocidio con la Ley a su favor, bajo una fachada de legalidad para convencer al resto de la sociedad que esos actos de terror no están ocurriendo [2].

La Coordinadora del Programa Somos Defensores asevera que en el primer semestre del 2021 registraron 524 agresiones contra líderes y DDH, que incluyen amenazas de muerte, robo de información, seguimiento, detención arbitraria, lesión física, montaje judicial y abuso sexual, los que siguen unos patrones comunes:

1) El 46 por ciento de las agresiones ocurrieron en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril.

2) Las Fuerzas Armadas son responsables de más del 35 por ciento de las violaciones a los DDHH.

3) El traslado de mecanismos de violencia (narcoparamilitarismo) desde los sectores rurales hacia los centros urbanos.

4) Los DDH fueron los más agredidos.

El reporte ‘Muertes Anunciadas’ del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y Somos Defensores, hace un balance de las 217 Alertas Tempranas emitidas entre el Primero de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2021, el 70 por ciento de estas se han emitido desde la posesión de Duque, lo que lo convierte en responsable directo por acción u omisión del asesinato de los DDH, líderes sociales, excombatientes y el incremento de las masacres [3].

El reporte de Cajar enfatiza en que la Unidad de Investigación carece de metodología para judicializar no solamente a los grupos paramilitares sino a sus determinadores, cómplices y encubridores; además, existe una implementación deficiente de las funciones de la Unidad Nacional de Protección, y la Defensoría del Pueblo disminuyó la emisión de Alertas y no hizo seguimiento ni exigió el cumplimiento de las anteriores.

Ante esta cruel realidad el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y organizaciones sociales en un acto simbólico en la ciudad de Cali, se solidarizaron con las víctimas del terrorismo de Estado en el Paro Nacional e invitaron a la población colombiana a no dejarlas en el olvido [4].

Criminalizan al liderazgo social para silenciarlo

Armando José Castro Morales era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morro Azul de Nariño, Antioquia, fue asesinado el 5 de diciembre en la vereda Cristales del corregimiento de Florencia de Samaná, Caldas.

Cristina Isabel Cantillo Martínez era lideresa LGBTIQ+ que en el 2020 fue víctima de dos ataques sicariales y en uno de ellos su hermano quedó herido, el 7 de diciembre mientras compartía con su familia, la asesinaron los narcoparamilitares en el Barrio Ondas del Caribe de Santa Marta, Magdalena.

Freddy Pestana Herrera era Presidente del Consejo Comunitario Afro de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte) y representante de víctimas de despojo de tierras, había denunciado amenazas de muerte sin que se le asignara un esquema de protección, fue asesinado el 10 de diciembre en Acandí, Chocó.

La ONG Temblores documenta y denuncia la criminalidad policial desde 2017, recientemente presentaron el informe Tiros a la Vista donde detallan la modalidad de la Policía para “castigar” a quienes ejercieron el derecho a la protesta durante el Paro Nacional, el 9 de diciembre esta ONG denunció que dos de sus integrantes tuvieron que salir del país por seguimiento e interceptación ilegal de sus comunicaciones por parte de la Fiscalía.

Erika Prieto Jaime abogada y DDH que denunció la criminalidad policial en desalojos urbanos y durante la protesta social se presentó de manera voluntaria el 10 de diciembre ante la Fiscalía, para afrontar los montajes judiciales que tienen en su contra.

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[1] 130 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año en Colombia. Caracol Radio, 09-12-2021.

[2] Presentación del Informe ‘Resiste’ Programa Somos Defensores. Nomades 28-09-2021

[3] El Gobierno de Duque fue alertado, pero no actuó para evitar los cientos de asesinatos de la población vulnerable. Fidh, 7-12-2021.

[4] Es necesario perdonar, pero no se debe olvidar. Cric, 10-12-2021.

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