La universidad ecuatoriana no ha podido excluirse de la problemática social, económica y política que afecta a la sociedad ecuatoriana, mucho más cuando los últimos gobiernos, no solo que se han desentendido del tema universitario, sino que han implementado políticas que atentan contra su institucionalidad. Los gobiernos de turno no han ocultado sus intenciones de hacer de las instituciones de educación superior un instrumento a su servicio, es decir del capitalismo.
En la actualidad, la universidad viene bregando porque se apruebe reformas democráticas, pertinentes y necesarias a la Ley Orgánica de Educación Superior que, dicho sea de paso, tiene dos propuestas, la una planteada por el Ejecutivo y la otra por los universitarios, esto es docentes, estudiantes, empleados y autoridades. Esta última es la que motiva su movilización, puesto que sustenta la ampliación de una verdadera autonomía de los organismos de cogobierno, la garantía de estabilidad de la docencia universitaria, la implementación de una democracia participativa en la conformación y elección de autoridades, garantías para una educación de calidad, la gratuidad de la enseñanza, la admisión a las universidades públicas, optimización de la investigación y vinculación, cumplimiento de la entrega oportuna del presupuesto universitario que está garantizado por la Constitución, entre otros aspectos.
La Ley Orgánica de Educación Superior se aprobó en el 2018. Posteriormente, la Asamblea Nacional aprobó ciertas reformas que resultaron insuficientes e intrascendentes para la educación superior, cuyos efectos negativos hoy son absolutamente claros: han perjudicado a cientos de miles de bachilleres que no han logrado ingresar al sistema público de educación superior, así como, en ese marco, los gobiernos de turno, con cualquier pretexto, han rebajado el presupuesto de las IES, que en cuatro años ha alcanzado aproximadamente un 20%. Frente a este escenario, la universidad ecuatoriana, sus gremios a la cabeza, han planteado una reforma integral a la LOES, en la perspectiva de restaurar su autonomía administrativa y económica y, con ello, garantizar el cumplimiento de su misión tan exigida por la comunidad universitaria y ciudadana en general y en concordancia con la Constitución de la República.
La comunidad universitaria se apresta a exigir de la Asamblea Nacional la aprobación de las reformas democráticas a la LOES y que han sido planteadas por sus estamentos.
