Pablo González lleva 5 meses secuestrado por la OTAN por divulgar otra visión sobre el conflicto en Ucrania

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La familia de Pablo González ha presentado al Grupo de Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas un escrito solicitando que intervenga en el caso para que se respeten los derechos humanos del periodista.

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La esposa de periodista español Pablo González, Oihana Goiriena, ha presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR) una solicitud para que investigue la detención de su marido por las autoridades polacas, a la que califica de “arbitraria”.

 

González, que tiene la doble nacionalidad española y rusa, fue detenido en Polonia el pasado 28 de febrero, hace ahora cinco meses, cuando se encontraba cubriendo la crisis migratoria desatada por el conflicto en Ucrania. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

Además de periodista, González es politólogo y experto en el mundo postsoviético. Su detención se produjo bajo la acusación de realizar actividades de espionaje para Rusia, sin que la Justicia polaca ofreciese ningún detalle o prueba sobre esas presuntas labores.

Durante todo este tiempo, su mujer y los tres hijos que tienen en común solo han recibido dos cartas del periodista. “Lo último que sabemos es que tuvo una vista el 25 de mayo para decidir si seguía en prisión provisional o si salía y la Fiscalía decidió que se le iba a prorrogar la prisión provisional por otros tres meses más, hasta finales de agosto”, explica en una entrevista a RT.

Además, Goiriena relata la situación de “semiincomunicación” en la que se encuentra su esposo: “No se le permite las llamadas telefónicas a su familia, no se le permite la visita de su abogado de confianza”. Así, sostiene que tiene conocimiento de que González solo tiene contacto con el cónsul español y con su abogado polaco, mientras que las cartas que recibe y envía tienen una tardanza de hasta dos y tres meses.

Asimismo, a la mujer del periodista le preocupa que su situación se continúe prorrogando: “La Fiscalía tiene opción de pedir prórrogas hasta que cumpla un año [de prisión preventiva] y después de ese año creemos que puede pedir una prórroga todavía más larga”, detalla.

Goiriena considera que la situación de su marido es “bastante escandalosa” y que “su estado legal es grave”. “Se están saltando muchos derechos para ser un país [Polonia] de la Unión Europea”.

Además, resalta que lo “más frustrante” es no saber cómo ejercer su defensa: “No hacen públicas las pruebas que tienen en su contra, no sabemos de qué se le tiene que defender“. Y agrega: “Su abogado de confianza ni siquiera tiene acceso a él ni a su expediente y el abogado polaco tiene acceso solamente a parte del expediente”.

“Hay un secreto terrible que envuelve todo esto y, claro, no sabemos hacia dónde tirar”, concluye.

Una detención “arbitraria”

Por otro lado, el abogado español del periodista, Gonzalo Boye, al que no se permite visitar en prisión a su defendido ni tratar con su abogado de oficio polaco asuntos relacionados con la defensa ni con los cargos que enfrenta, ha explicado en una entrevista a Público por qué este caso es competencia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

En esta primera iniciativa legal, al margen del procedimiento polaco, Boye argumenta que este caso se inserta en varias categorías establecidas por la ONU para determinar un hecho como detención forzosa. En primer lugar, sostiene que el periodista fue discriminado por su nacionalidad.

El letrado afirma que las autoridades polacas detuvieron a González basándose exclusivamente en la supuesta irregularidad de su doble identidad –reconocida legalmente por los dos países, Rusia y España– y que fue el único motivo por el que se vinculó al periodista con supuestas actividades de espionaje.

Vulneración de derechos

Boye hace hincapié en la vulneración de derechos por parte de las autoridades polacas, como el derecho a la presunción de inocencia o a la defensa. En este último aspecto, el letrado subraya que González se encuentra en una situación de incomunicación material y que no está autorizado a realizar ni recibir comunicaciones ni de su familia ni de su abogado de libre elección, el propio Boye.

Así, el letrado sostiene que no se han indicado los motivos exactos de la detención, más allá de las escuetas referencias al supuesto espionaje; no se ha garantizado el acceso al expediente judicial; y no se ha permitido que fuera asistido y entrevistado por el abogado designado por él.

Además, el jurista asegura que la detención no fue motivada por la comisión de un delito flagrante, sino por la condición de periodista de su defendido, que se encontraba realizando su trabajo de informador.

Pedro Sánchez: respeto a la Justicia polaca

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se refirió a la situación de Pablo González el miércoles, respondiendo a preguntas de los periodistas durante su estancia en Polonia con motivo de su participación en la XIV Cumbre Hispano-Polaca.

Sánchez afirmó que había hablado sobre este asunto con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y que le agradecó la colaboración en este respecto. Además, informó de que González recibe asistencia consular y que fue visitado personalmente por el cónsul de España en Polonia en varias ocasiones, quien confirmó que se encuentra “bien”.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno de España “respeta el Estado de Derecho de Polonia y, por tanto, la Justicia polaca” y que el ministro de Asuntos Exteriores español está en contacto con su homólogo polaco para “hacer seguimiento del tema” y “prestar apoyo a la familia del español”.

La esposa de González confirma la asistencia consular, “que se ha materializado en tres visitas del cónsul, y en consejos de cómo enviarle cartas, cómo enviarle paquetes, cómo hacerle transferencias si fuera necesario, y de momento, poco más”.

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