A esas conversaciones en la central provincia de Coclé con la Iglesia católica como facilitadora se llegó luego de más de un mes de protestas y cierres viales contra el alto costo de la vida, consideradas en el istmo como las de mayor magnitud y duración en los últimos 32 años.
Los colectivos habían alertado antes que el Ejecutivo con medidas paliativas pero nada concretas, enmascaró incumplimientos de lo pactado y suscrito en esas pláticas, como regular los precios de 72 productos de la canasta básica familiar, medicamentos y la energía eléctrica, entre otros.
Uno de los voceros de las agrupaciones, Saúl Méndez, dijo en la jornada que en breve vencerá el plazo temporal dado a otra de las medidas, la reducción y congelamiento en 3,25 dólares el galón de combustible (3,78 litros).
El secretario general del poderoso Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción agregó que a ello se suma que los alimentos regulados no aparecen en los mercados, por lo que el pueblo debe prepararse para reclamar en las calles sus derechos, anticipó.
Este sábado, los temas a debatir y la incorporación de nuevos actores para una segunda fase devinieron los principales puntos sin consenso entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo en la ciudad de Penonomé (capital de Coclé).
También el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, planteó que sería muy costoso transmitir en vivo las sesiones por el canal estatal de radio y televisión, (Sertv)- unos 300 dólares diarios- por lo que debido a la demandada política de contención de gastos, no será posible brindar ese servicio en la segunda fase, lo que causó inmediato rechazo.
Los colectivos consideraron las transmisiones televisivas como una victoria en aras de que el pueblo viera quienes son los verdaderos responsables de la desigualdad y la pobreza, por lo que exigieron esa condición al tiempo y aseveraron que los gastos corren con fondos del Gobierno.
En la propuesta del Ejecutivo, presentada por el director del Instituto de Planificación para el Desarrollo, Guillermo Salazar, ya se anunciaba una segunda fase por comenzar el 23 o 24 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para también elegir a un nuevo facilitador.
“Consideramos que todo el esfuerzo hecho en estos días en Penonomé nos debe llevar a finalizar la fase 1 del diálogo y pasar a la siguiente para continuar viendo los disensos (combustible, canasta básica, educación, Caja de Seguro Social, energía y corrupción)”, acotó.
Los movimientos populares discreparon de la propuesta de la agenda, pues consideran deben valorarse además de los puntos abordados antes con incumplimientos incluso del Ejecutivo, otros como empleo, salarios, viviendas, además del problema estructural de un modelo económico que prioriza al mercado y atropella a los más vulnerables.
Méndez recordó a los funcionarios que con la nueva maniobra, el Gobierno viola el acta constitutiva de la mesa de diálogo redactada por la Iglesia y suscrita por las partes para sentarse a conversar.
El líder sindical señaló que una segunda etapa significaría “un diálogo más profundo para delinear el cambio de transformación para un Panamá más justo y equitativo”.
