El Club de Prisioneros anunció ayer en un comunicado que si las autoridades de la vecina nación continúan con su política de detención administrativa más palestinos dejarán de ingerir alimentos en las prisiones.
La institución denunció que el Servicio Penitenciario israelí amenazó a los huelguistas con sanciones, entre ellas, la privación de visitas, quitarles sus pertenencias y aislarlos en celdas de castigo.
Los manifestantes son miembros y simpatizantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina.
La detención administrativa es un procedimiento utilizado por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses, sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa norma inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para llamar la atención sobre sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
Según diversas fuentes, de los más de cuatro mil 600 presos palestinos en Israel, unos 740 están recluidos bajo la detención administrativa.
