La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías convocó este lunes a un paro indefinido en España a partir del 14 de noviembre ante los elevados precios del combustible y la responsabilidad del Ministerio de Transporte ante esta situación.
Tras la decisión, refrendada este fin de semana por el 86 por ciento de votos a favor de la suspensión laboral, el colectivo señala que el Ministerio de Transporte no ha actuado en estos meses para controlar el cumplimiento de la ley que garantiza a los transportistas no trabajar a pérdidas.
Ante el incumplimiento del acuerdo del Gobierno con el sector en marzo pasado, el presidente de la organización, Manuel Hernández, expresó que “de nada vale hacer una ley si luego no se controla y no se tiene la voluntad de que se lleve a cabo y se dé solución al problema”.
“Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más”, refirió el dirigente ante el incremento de costos que, según ha cifrado la organización, es del 30 por ciento.
El decreto ley aprobado por el Gobierno manifestó la necesidad de adoptar diversas medidas dirigidas a reducir la factura que los ciudadanos pagan ante los incrementos en los costos ocasionados debido al incremento en los precios de las materias primas, y especialmente de la energía.
Asimismo, la legislación refirió “la necesidad de promover, asegurar y hacer sostenible la prestación del servicio de transporte y otros sectores de actividad”.
La nueva ley para que los transportistas no trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de ayudas directas de 450 millones de euros son parte de las medidas que contempla el decreto aprobado, respaldadas también por las ya enunciadas en 2021.
Las medidas incluyen la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, la prohibición de que los conductores hagan carga y descarga, la limitación a una hora de los tiempos de espera en zonas destinadas a ello, y el refuerzo en la inspección dentro de su profesión.
Entretanto, la plataforma que convoca el paro declaró la falta de cumplimiento por parte de los cargadores, que son clientes de los transportistas, y de la ley que prometió entonces no trabajar a pérdidas.
En este sentido, Hernández valoró que los “pequeños desajustes” a los que se ha referido la ministra Raquel Sánchez con respecto al cumplimiento de lo acordado entre ambas partes se traducen en “muertes laborales”, las cuales apuntan a un cierre de 250 empresas cada mes.
La propuesta del gremio es que “si hasta la fecha indicada la Administración no trabaja y no demuestra que quiere colaborar con acuerdos firmados sobre las peticiones que el sector ha hecho, el transporte cesará su actividad”.