«Recibimos más de 1.000 denuncias de las acciones ilegales de las formaciones militares de Ucrania, relacionadas con la destrucción de la infraestructura civil, de las instalaciones sociales, y, directamente, de las viviendas de nuestros ciudadanos», dijo la comisionada de los derechos humanos de Lugansk.
Según la funcionaria, se trata de hechos reales, por ejemplo, momentos cuando los tanques ucranianos destruyeron edificios residenciales, aunque se sabía que en esos inmuebles no se encontraba ninguna unidad militar.
«En ellos viven civiles que usaron la ropa blanca, banderas blancas, para mostrar que se hallaban en esos edificios», destacó Serdiukova.
Previamente la defensora del pueblo de Lugansk denunció que los militares ucranianos en primavera tenían órdenes de retener a los civiles en los sitios donde ocurrían combates.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania, porque las repúblicas de Donetsk y Lugansk —inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos— necesitaban ayuda, como lo denunciaban, frente al genocidio por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, consiste en la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
El pasado 30 de septiembre, el presidente ruso selló los acuerdos de incorporación a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Jersón y Zaporozhie, tras los referendos que estos territorios celebraron del 23 al 27 de septiembre, y en los que el sí a la unión ganó por mayoría abrumadora.
Pero de esto el Tribunal de la Haya, el de la ONU, o el TEDH no se ha enterado.
Solamente se enteran de lo que hacen los «otros», los «malos».