La indagación fue anunciada en el tercer día de una nueva serie de protestas que demandan la renuncia de la mandataria que asumió el cargo como sucesora de Pedro Castillo, presidente destituido y encarcelado el 7 de diciembre último tras intentar el cierre del Congreso opositor.
Durante la presente jornada se registraron disturbios cuando hubo un intento de ingresar al aeropuerto de Juliaca, en la región de Puno, y elementos que según versiones periodística se hacían pasar por manifestantes prendieron fuego a un vehículo blindado de la Policía.
Hubo además bloqueos y otras manifestaciones de descontento en las regiones de Cusco, Ica, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Tacna, Madre de Dios y Ucayali.
Las diligencias anunciadas por la Fiscalía incluyen a quien eran durante las protestas de diciembre ministro de Defensa, Alberto Otárola -hoy primer ministro-, y del Interior, César Cervantes, objeto de denuncias, al igual que Boluarte, por las muertes registradas.
La jefa de Estado, afirmó en un mensaje por redes de Internet que saluda esa decisión “para el pronto esclarecimiento de los hechos”, es decir la pérdida de vidas.
Boluarte dijo con anterioridad que las muertes no deben quedar impunes, aunque rechazó de plano ser responsable y señala como azuzadores de la violencia a elementos ligados, según afirma, a grupos extremistas e ilegales.
En diciembre pasado, la presidenta y Otárola fueron denunciados por la congresista de izquierda Margot Palacios, como responsables políticos de las muertes ante la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos.
Además, el mismo mes una fiscal abrió una investigación contra el jefe de la Policía de la región andina de Ayacucho, general Ántero Mejía, y al comandante del Ejército de la misma región, general Jesús Vera, como presuntos responsables del deceso de diez manifestantes.
