Uno de ellos es el agente federal estadunidense Richard Padilla Cramer, descubierto en negociaciones para transportar más de 300 kilos de cocaína de Panamá a España en un barco griego, el «New York Express», operación encargada por un cártel del narcotráfico, de acuerdo con un reporte del diario mexicano Milenio publicado este viernes 17 de febrero.
Padilla trabajó 26 años para el Gobierno de Estados Unidos primero en Arizona y luego en México, especialmente en el consulado norteamericano para Guadalajara, capital de Jalisco.
Informantes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas inglesas) revelaron que Padilla Cramer proporcionó, además, copias de los resultados de varias búsquedas en bases de datos confidenciales de archivos de la dependencia, de antecedentes penales y de inmigración. El agente solo fue sentenciado a pasar 24 meses en prisión.
Otro de los funcionarios delincuentes de EEUU es Brian Jeffrey Raymond, un exempleado de la embajada de Washington en México, acusado de drogar y abusar sexualmente de mujeres en una residencia bajo cargo de las instalaciones diplomáticas norteamericanas, ubicada en la Ciudad de México.
Raymond trabajó como primer secretario de la embajada de Estados Unidos en México y su historia se hizo pública cuando fue detenido por las autoridades en el barrio capitalino de0 Polanco, luego de que una de sus víctimas pidiera ayuda desde el balcón del departamento de este hombre.
Otro funcionario adscrito a la legación diplomática estadounidense es Ramón Bazán, quien fue agregado adjunto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México entre 2003 y 2008.
El agente Bazán mintió al recomendar a personas que no estaban ligadas a la ATF para que les expidieran visas especiales. Admitió que recomendó a cientos de solicitantes quienes supuestamente irían a visitar las instalaciones caninas de la Agencia en Front Real, Virginia, se señala en la nota de la reportera Laura Sánchez Ley.
Otros casos son el de George H. Brunner, quien habría aceptado dinero y obsequios a cambio de ayudar a ciudadanos mexicanos a obtener visas de no inmigrante en Ciudad Juárez.
También Manuel Recio, quien aprovechando los contactos y la información a la que aún tenía acceso, decidió montar su propio negocio, una empresa de consultoría llamada Global Legal Consulting, que brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores.
Los otros son Jaime Zapata, acusado de entregar información a narcotraficantes; Leonardo Silva, también de la DEA, quien habría hecho favores a empresarios; Jennifer Loya, del Departamento de Justicia, señalada por ayudar a cárteles mexicanos; y Javier Cavazos, de la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) estadounidense, acusado de recibir sobornos.