El PCV sobre los graves hechos de corrupción y la descomposición ético-moral del gobierno de Nicolás Maduro

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El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), considera que los nuevos y graves hechos de corrupción gubernamental que salen a la luz pública, son una pequeña muestra de la profunda descomposición moral del gobierno y la alta cúpula burguesa del PSUV.

 

Al respecto de estos hechos el PCV puntualiza lo siguiente:

1. Rechazamos la forma como el Gobierno y las instituciones competentes, viene gestionando la supuesta lucha contra la corrupción cómo si se tratara de un problema de orden interno del partido de gobierno. De hecho, las primeras declaraciones del Presidente de la República sobre el tema ocurren en el marco de una reunión de la dirigencia del PSUV, lo que da algunas señales de que más que una lucha institucional real contra la corrupción, podemos estar frente a una estrategia de orden pre-electoral. Exigimos al gobierno y a los organismos del poder público de la República con competencias, informar debidamente al pueblo de Venezuela lo que sucede, cuáles son las detenciones realizadas y sus causas.

2. Condenamos todo intento del gobierno de Nicolás Maduro de eludir su responsabilidad en los escándalos de corrupción descubiertos. La raíz del grave problema de descomposición en la administración pública se encuentra en el régimen de opacidad y desmontaje de todo tipo de controles, como forma de gestión gubernamental. La lamentable Ley “anti-bloqueo” aprobada de forma ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente, y que otorga poderes supraconstitucionales al ejecutivo nacional, es el instrumento principal del que se ha valido el Ejecutivo para dar poder a estás mafias corruptas que han contado con la plena protección de la cúpula gubernamental, incluso bajo el argumento de ser «héroes» en la lucha para evadir las sanciones criminales.

Desde el PCV queremos reiterar nuestra exigencia al gobierno de restablecer de manera inmediata los preceptos constitucionales de la transparencia, rendición de cuenta y el ejercicio de control social sobre la administración pública.

3. Sobre este aspecto del control social, queremos recordar que trabajadores en Venezuela han sido judicializados por denunciar hechos de corrupción en la administración pública. Caso emblemático es el de los trabajadores petroleros: Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos y Eudis Girot, sobre quiénes se hizo un montaje de pruebas desde la fiscalía General de la República con el fin de complacer a las mismas mafias que hoy se denuncian como corruptas en PDVSA. Todas estas pruebas inventadas fueron desmontadas en los juicios y sin embargo, Aryenis y Alfredo continúan bajo prisión domiciliaria.El caso de estos trabajadores demuestra el doble rasero del gobierno en la lucha anticorrupción y la hipocresía de su discurso cuando apelan al ejercicio del «control social». Quienes han tenido la valentía de denunciar, han sido injustamente judicializados por afectar los intereses económicos de los grupos de poder que se enfrentan en el PSUV.

Aprovechamos para exigir la inmediata liberación de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos.

4. Entre el grupo de detenidos se encuentra el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles, quién también fungía como consultor jurídico de la Asamblea Nacional controlada por el PSUV; y el juez de control en delitos asociados al terrorismo José Mascimino Márquez, responsable de numerosas condenas de trabajadores que han sido injustamente encarcelados.

5. Queremos recordar que el gobierno de Nicolás Maduro está anunciando por tercera vez una «reestructuración de alto nivel» en la industria petrolera. Las dos reestructuraciones anteriores culminaron en escándalos de corrupción y procesamiento judicial de funcionarios, con mucho alboroto mediático, pero con escasa información de los hechos descubiertos y con impunidad para los altos dirigentes del PSUV involucrados en la administración de la empresa.

Fue el caso del ex-ministro y presidente de PDVSA de entonces, Manuel Quevedo, que no sólo salió ileso de las supuestas investigaciones anticorrupción, sino que fue premiado con la postulación a diputado para las elecciones del 2020. Todo indica, por las declaraciones del presidente Maduro el día de ayer, que lo mismo sucederá con el ex-ministro Tareck El Aissami. El hecho concreto es que estos nuevos escándalos en PDVSA, dónde se habla de la pérdida de 3 mil a 5 mil millones de dólares que dejaron de ingresar por concepto de ventas de petróleo, aunado a los hechos descubiertos durante la gestión anterior, demuestran la responsabilidad de la gestión de Nicolás Maduro en la destrucción y desmantelamiento de la industria petrolera nacional. Vale recordar que con Rafael Ramirez (ministro de petróleo y presidente de PDVSA en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro) ocurrió lo mismo. Fue protegido por Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, frente a denuncias realizadas por el PCV y trabajadores petroleros. Hay suficiente evidencia pública que lo confirma.

6. El PCV considera que si la lucha contra la corrupción es cierta y no otro show propagandístico del gobierno, las instancias del poder público con competencia deben abrir una investigación sobre la responsabilidad del Presidente de la República en estos escándalos de corrupción en PDVSA. Es inaceptable que el propio Presidente de la República designe los ministros, viceministros, presidentes e integrantes de Comisiones Presidenciales para solventar la crisis en PDVSA, y que luego cuando estallan los escándalos de corrupción provocados por las instancias y figuras por él designadas, pretenda siempre lavarse las manos. Es importante recordar que cada vez que el PCV y sectores de la izquierda denunciaron la actuación irregular de ministros y altos funcionarios del gobierno, el mismo Presidente de la República en varias ocasiones en medios oficiales, salió en defensa de estos funcionarios, pretendiendo acallar todo tipo de crítica al decir que él asumía personalmente la responsabilidad de la actuación de estos personajes.

7. Los 3 mil millones de dólares desaparecidos por las mafias corruptas, la detención del dueños de grandes empresa como la constructora HP, aparentemente vinculados con el esquema de saqueo a PDVSA, y los miembros del PSUV que siguen cayendo detenidos por escandalosos hechos de corrupción, desmontan el discurso del gobierno y sus voceros económicos, de que el país no cuenta con ingresos para incrementar sueldos y salarios, ni para atender la grave crisis en los servicios públicos básicos: agua, electricidad, atención médica e insumos hospitalarios. La corrupción generalizada en la administración pública es un agujero inmenso por dónde siguen escapando los mermados ingresos públicos con destino a los altos burócratas y la nueva burguesía asociada al gobierno. Este saqueo es un crimen contra el pueblo venezolano, quien carga solo con las calamidades de la crisis capitalista y las sanciones imperialistas. Rechazamos la manipulación discursiva del gobierno, donde afirma que todos los ingresos los destinan a la inversión social. Este gobierno ha desmantelado los derechos sociales y aplica una criminal política laboral, precisamente para favorecer los intereses de estás mafias capitalistas.

8. Alertamos al pueblo trabajador de Venezuela que apenas estamos presenciando la punta del iceberg de un problema muy profundo y grave que carcome a la sociedad y que opera a expensas de nuestros derechos a salarios y condiciones de vida dignas. Es momento de seguir profundizando la unidad y movilización de la clase trabajadora por salarios igual a la canasta básica y la restitución de los derechos conculcados. Eso implica también, luchar por la restitución de las libertades sindicales, en contra de la judicialización de las luchas obreras y las pretensiones de la cúpula capitalista en el poder de asaltar al PCV; partido de la clase trabajadora, con el fin de silenciarlos y contener el empuje de las luchas obreras y populares.

9. Podemos ver con claridad que la derecha pro-imperialista de Juan Guaido y la derecha en el gobierno de Nicolas Maduro (disfraza con discurso de izquierda) tienen en común participar del saqueo del erario público en beneficio particular, mientras el pueblo trabajador sufre todo el rigor de la crisis. Por eso pueden ponerse de acuerdo en el pacto de élites. Representan los mismos intereses mezquinos, por más que intente mostrarse como fuerzas antagónicas. Son las dos caras de la misma moneda. De allí la importancia de que la clase trabajadora, los sectores populares y fuerzas revolucionarias avancemos en la construcción de una Alternativa desde el campo popular frente a este pacto de las élites corruptas, corrompidas y saqueadoras.

Estas son las verdades que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), a través de su diputado en la Asamblea Nacional, camarada Oscar Figuera, expresaría el día de ayer en el debate parlamentario, en el cual nos vimos obligados a salvar el voto en la aprobación de un acuerdo que rinde loas al presidente Nicolás Maduro Moros, principal responsable de la grave situación del país y, por cuya razón, nuevamente, en forma descarada, le fue negada la palabra por parte del autoritario dictadorzuelo presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez. El PCV sí votó a favor de allanar la inmunidad parlamentaria al diputado Hugber Roa para que sea juzgado por los delitos de los que es acusado.

UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN POPULAR, PARA DERROTAR LAS CÚPULAS CORRUPTAS Y SU PLAN AL SERVICIO DEL CAPITAL.

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS DEL PUEBLO SE DEFIENDEN!

Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Caracas, 22 de marzo 2023.

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