Según el Instituto para la Investigación de Políticas Públicas (IPPR, por sus siglas en inglés), con las actuales legislaciones y planes gubernamentales, Inglaterra necesitaría 4.700 años para construir suficientes plantas eólicas terrestres que permitan cumplir con sus necesidades de energía limpia, según un comunicado publicado el pasado miércoles.
A partir del 2015, las leyes locales para aprobar plantas eólicas cambiaron, haciendo más difícil obtener permisos para su construcción. Desde ese momento, solo 17 nuevas instalaciones en tierra han sido aprobadas.
El año pasado, se insinuaba que el Gobierno podría retirar las restricciones de plantas eólicas terrestres, pero las divisiones en el partido conservador, del que hace parte el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dieron marcha atrás a la propuesta.
Ahora, el IPPR hace un llamado para reducir las restricciones para este tipo de instalaciones y de energía solar, e insta a las autoridades a comprometerse con la identificación de terrenos apropiados para este tipo de plantas.
“Es necesaria una reforma fundamental de la planificación para acelerar los esfuerzos por reducir las emisiones y restaurar la naturaleza, desplegar la generación de energías renovables y alcanzar los niveles sobre la construcción de viviendas que el país tanto necesita”, aseguró Luke Murphy, director asociado del IPPR para la energía, clima, vivienda e infraestructura.
El próximo mes, el Operador de Sistemas de Electricidad (ESO) del Reino Unido publicará documentos sobre los escenarios energéticos futuros, donde se hace énfasis en la fecha límite del objetivo ‘Net Zero’, un proyecto que busca reducir los niveles de carbono en todos los sectores de la economía británica para 2050.
Sin embargo, organizaciones que hacen seguimiento al proyecto como el IPPR y Green Alliance afirman que el Gobierno no va por buen camino para alcanzar la meta de descarbonización.
“Ninguna de las fallas del sistema inglés es inevitable. La prohibición de facto a la energía eólica terrestre, la falta de coherencia de las normas medioambientales y la falta de viviendas de buena calidad tienen solución reformando el sistema”, afirma Maya Singer Hobbs, una de las investigadoras principales del instituto.