El nombre de la ciudad celtíbera de Numancia pasó a la historia como paradigma de resistencia contra el invasor. La urbe enfrentó durante 15 meses el asedio y riguroso cerco tendido por los romanos, hasta que la población, víctima de la hambruna y las enfermedades, cayó en manos de los atacantes en el verano del año 133 a.n.e.
Narra la historia que sus habitantes, como en las ciudades cubanas de Las Tunas y Bayamo, prefirieron incendiar su terruño antes de entregarla.
No es incidental el paralelo histórico. Cuba, víctima de asedio durante más de medio siglo, ha enfrentado la política de acoso y aislamiento de los sucesivos gobiernos de EE. UU., que han intentado poner de rodillas a su pueblo utilizando el hambre y las enfermedades.
Esa política ha levantado la repulsa de la mayoría de los países y la solidaridad de los pueblos del mundo.
Con el objetivo de destruir, o al menos disminuir, el apoyo internacional a Cuba y justificar el sitio permanente, diseñaron –desde los primeros años de la Revolución–, una estrategia de descrédito que busca provocar la repulsa del mundo hacia el Gobierno revolucionario.
Presentar a la Mayor de las Antillas como país terrorista, o que apoya ese flagelo, es parte esencial de ese proceder yanqui. Son frecuentes los estereotipos asociados al terrorismo que se construyen y emplean contra la Isla, los cuales apelan a las emociones para darle veracidad a su discurso manipulador.
Recordemos el «Informe especial sobre Cuba y la coalición del terror» publicado el 19 de septiembre de 2001, una semana después de los atentados al World Trade Center; su autor fue el connotado contrarrevolucionario Orlando Gutiérrez Boronat. El texto buscaba relacionar a Cuba con los sucesos terroristas de Estados Unidos, incluso conectaba a Osama bin Laden, el líder de Al-Qaeda, con la Mayor de las Antillas.
En mayo de 2002, el subsecretario de Estado, John Bolton, lanzó su discurso con la tesis Más allá del eje del mal: amenazas adicionales de las armas de destrucción masiva, en el que «definió al eje del mal», compuesto, según él, por Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Siria y Cuba. Se intentaba, entonces, ligar a la isla caribeña con la fabricación de armas biológicas de destrucción masiva.
CUBA EN LA LISTA DE PATROCINADORES DEL TERRORISMO
Un elevado costo ha tenido para el pueblo cubano la inclusión de la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de EE. UU.
La base legal de la designación está consagrada en tres leyes: la sección 1754(c) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2019, la sección 40 de la Ley de Control de Exportación de Armas y la sección 620A de la Ley de Asistencia Exterior de 1961.
Según la Sección 2656f (a) del Título 22 del Código de Estados Unidos, la determinación de los Estados patrocinadores del terrorismo permite aplicar cuatro tipos de sanciones: prohibición de las exportaciones y ventas de armas; controles sobre las exportaciones de artículos de doble uso, que podrían mejorar la capacidad militar del país o la capacidad para apoyar el terrorismo; prohibiciones de asistencia económica y restricción financiera.
Cuba fue incluida por primera vez en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT) del Departamento de Estado, durante la administración del presidente Ronald Reagan, en 1982, por presuntos vínculos con el terrorismo internacional y el apoyo a grupos «violentos» en América Latina.
No fue hasta el año 2015, que el Gobierno comandado por el expresidente Barack Obama retiró a Cuba de la lista, lo que se apreció como un paso importante en el «deshielo» que condujo, un año después, a que ambos países reanudaran sus relaciones diplomáticas.
Sin embargo, en el ocaso de la presidencia de Donald Trump, el 12 de enero de 2021, la Isla de la Libertad fue designada, de nuevo, como Estado patrocinador del terrorismo.
La SSOT es una herramienta de presión política muy cuestionable, con efectos tangibles que hacen más difícil la vida de los cubanos. El costo humano es apreciable y aunque algunos esperaban que la Casa Blanca, bajo la administración de Joe Biden, hiciera justicia, Cuba permanece en la espuria lista.
Como justificación legal, Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de EE. UU., utilizó la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que se encontraban en La Habana, como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno de ese país.
La extradición de los líderes del ELN, era algo que estaba más que claro, para todas las partes, que no iba a acontecer, por la condición de Cuba como garante de esos procesos. Sabían bien que los cubanos no faltarían a su honor y responsabilidad con los protocolos internacionales.
El Secretario de Estado habló también de la alianza con Venezuela. Según Pompeo, el apoyo de la Isla permite al presidente Nicolás Maduro mantenerse en el poder y crear «un entorno permisivo para que terroristas internacionales vivan en Venezuela».
Cuando el presidente colombiano Gustavo Petro asumió el cargo, el año pasado, anunció que la solicitud de extradición fue retirada como parte de su iniciativa de «paz total». Sin embargo, nada ha hecho Washington para poner fin a la injusticia.
CONSECUENCIAS PARA EL PUEBLO CUBANO
El impacto de la designación de la Mayor de las Antillas en la SSOT va mucho más allá de aislar a un adversario de Washington. Las consecuencias más atroces se derivan del mayor riesgo asociado a cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio que implique a Cuba y, por extensión, a los ciudadanos cubanos.
Según, John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York, la decisión de la Casa Blanca provocó que gobiernos, empresas e instituciones financieras se muestren reticentes con relación al país por miedo a mayores sanciones.
La designación crea serios obstáculos para la entrega de asistencia humanitaria, en un momento en que el país está lidiando con la escasez, exacerbada por el recrudecimiento del bloqueo y por las sanciones durante la administración Trump, y el aumento de los precios de los alimentos a causa del conflicto en Ucrania.
Temerosos de las cuantiosas multas que conlleva ser acusados de instigar el terror, la mayoría de los bancos se niegan a procesar pagos cubanos y han congelado los fondos para actividades de diversos tipos
Por otro lado, estar en la lista limita, a los negocios privados y estatales por igual, la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, el uso de instrumentos para cobros y pagos internacionales, el acceso a empresas fintech y banca digital, y la contratación de servidores y servicios online.
Las mypimes no están exentas de las restricciones que pesan sobre las empresas estatales para la compra de productos fabricados en EE. UU., incluso de bienes producidos en terceros países que incorporen un alto contenido de insumos procedentes de ese país. Estas barreras ahogan el crecimiento y desarrollo del sector privado, que dicen aupar y empoderar.
Al privar a un país de sus ingresos y disminuir su capacidad de compra, se dificulta la adquisición de los insumos para fabricar medicamentos; afecta la compra de alimentos, de piezas de repuesto, de combustibles, de equipos médicos; afecta el transporte de mercancías por el miedo de las aseguradoras a ser multadas, etc.
Los tiempos de las guerras numantinas pueden parecernos lejanos en el tiempo, pero la resistencia y la lucha por la libertad forman parte de la vida de los cubanos, de su identidad, de su cultura. Nada logrará que cejemos en el empeño de construir una sociedad justa y próspera.
El Gobierno y el pueblo de Cuba no reconocen autoridad moral alguna al Gobierno de Estados Unidos para elaborar listas arbitrarias y discriminatorias, en las cuales se evalúa y califica el comportamiento de otros Estados.
La Mayor de las Antillas es signataria de 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento al terrorismo, y condena este flagelo, del cual ha sido víctima en todas sus formas y manifestaciones. Actos terroristas cometidos por el Gobierno de Estados Unidos han causado 3 478 víctimas mortales y 2 099 personas con discapacidad en la Isla.
Fuente: Cubaminrex y Washington Office on Latin America (WOLA)
