Se acumulan las presiones sobre el Tribunal Penal Internacional para que emita una orden de detención contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en el fraudulento asunto de los niños “deportados” por Rusia para alejarlos de las zonas de combate.
El 17 de marzo el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra el Presidente ruso y la Defensora de la Infancia por las “deportaciones” de niños de las zonas de guerra.
Ni Rusia ni Bielorrusia reconocen la competencia del Tribunal Penal Internacional, por lo que se trata de propaganda para consumo de los medios, más que de un acto propiamente jurídico.
A finales de junio Pavel Latushka, antiguo ministro de Cultura de Bielorrusia, declaró a los medios occidentales que Lukashenko ayudaba a Rusia y, en particular, acogía a niños evacuados de las zonas de combate.
Envió documentos al Tribunal para que pudiera procesar a Lukashenko. Los documentos indican lo mismo que se ha llevado a cabo en todas las guerras: la evacuación de más de 2.100 niños ucranianos de al menos 15 ciudades ocupadas por Rusia.
Lukashenko aprobó la llegada de los niños a su país, según la denuncia. Latushka expresó su esperanza de que los documentos impulsaran al Tribunal a emitir una orden de detención contra Lukashenko, como lo hizo contra Putin.
Por el momento, la fiscalía no ha acusado recibo de la llegada de ningún documento de Latushka, pero la campaña sigue su curso y el Parlamento Europeo se ha apuntado a la farsa: “Según el servicio de prensa del parlamento, los miembros del Parlamento Europeo que pidieron al Tribunal Penal Internacional que emitiera una orden de arresto contra el presidente bielorruso creen que Bielorrusia es responsable de los daños causados y los crímenes cometidos en Ucrania, en particular por el papel del régimen en las transferencias ilegales de niños”.
