Ana Vračar ( People Dispatch).— Los sindicatos italianos organizaron una protesta masiva en Roma contra la política antipopular del gobierno de Giorgia Meloni.
Decenas de miles de personas llenaron la plaza de San Giovanni de Roma el 7 de octubre durante una protesta convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL). Los manifestantes se unieron en un llamamiento contra la austeridad y las políticas que socavan los derechos constitucionales, impulsadas por el gobierno de extrema derecha de la Primera Ministra Giorgia Meloni. Además de los sindicatos, la protesta contó con el apoyo de más de 100 grupos, entre ellos partidos políticos, iniciativas pacifistas y redes juveniles.
Ya en los prolegómenos de la manifestación del sábado, el líder de la CGIL, Maurizio Landini, dijo que esperaba una participación masiva, una expectativa fundada en las numerosas iniciativas regionales convergentes en los días previos a la manifestación central. La alta participación es también resultado del amplio conjunto de reivindicaciones que la confederación presentó públicamente. Puede que la defensa de la Constitución fuera el tema principal de la movilización, pero en la práctica se cubrió todo, desde la financiación de la sanidad y la educación hasta la seguridad en el empleo y la libertad de prensa.
Este marco permitió a la mayoría de la gente encontrar su lugar en la marcha. Entre ellos se encontraban los activistas pacifistas, que encabezaban la marcha hacia la plaza central. La Constitución italiana repudia explícitamente la guerra, como recordaron durante una de sus intervenciones, y se compromete a trabajar por un “orden mundial que asegure la paz y la justicia entre las naciones”.
El enfoque adoptado por el gobierno de Meloni dista mucho de esa visión. En lugar de promover la pacificación y reforzar los propios servicios públicos italianos, el gobierno está hoy más interesado en gastar dinero en armas, guerras y medidas de seguridad para mantener a los inmigrantes fuera de Italia.
La mercantilización de la sanidad y la educación, junto con un declive constante de los derechos de los trabajadores, ha hecho que una parte significativa de la población tenga dificultades para permitirse la comida, y no sólo los servicios esenciales. Por ello, entre las reivindicaciones de los manifestantes figura la garantía de unos salarios dignos en primer lugar, pero también la seguridad en el empleo -algo que la mayoría de los trabajadores jóvenes de Italia nunca han experimentado-, así como una fiscalidad progresiva. Los activistas alegan que conseguir eso será casi imposible si Meloni y sus ministros continúan por el camino que siguen ahora, el de la devolución administrativa. Afirman que, al aumentar la autonomía de las regiones más ricas, se reforzarán las desigualdades existentes entre el sur y el norte de Italia.
De aplicarse, la moción de devolución encabezada por Roberto Calderoli, Ministro de Asuntos Regionales procedente del partido de extrema derecha Lega, destrozaría el país y crearía rivalidad entre las regiones en ámbitos en los que deberían permanecer unidas. También dificultaría que algunas regiones pudieran proporcionar una red básica de apoyo social por falta de fondos. El panorama político no sería el de una verdadera democracia, advirtieron muchos de los oradores de la protesta, sino el de una “democracia de baja intensidad”, con muy poco margen para la participación popular en la vida política.
Los asistentes a la protesta se declararon decididos a no dejar que eso ocurra y a seguir luchando hasta que se produzca un verdadero cambio de rumbo en el ámbito político. Para que se produzca el cambio, el impulso tendrá que mantenerse alto -y probablemente intensificarse- en los días posteriores a la manifestación. Cómo conseguirlo, lo sugirieron los propios manifestantes, coreando “Huelga, huelga”, cuando la manifestación tocaba a su fin.
Organizaciones políticas de la izquierda han sugerido la posibilidad de una huelga general como herramienta más eficaz para que la CGIL y otros sindicatos obliguen a Meloni a dar marcha atrás en los servicios sociales y los derechos humanos básicos. La confederación no elude la posibilidad de una acción sindical masiva, y Landini ha declarado que “no excluye nada” tras el acto del sábado. Pero la decisión final espera los resultados de las consultas con otras organizaciones de trabajadores.
