Son pueblo, cuando no su representante, nos dicen, pero lo cierto es que esto no es cierto (valga la redundancia). Los privilegios que han tenido y aún tienen en comparación con sus “representados” saltan a la vista.
Como se sabe, Irene Montero (Podemos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida) quedaron fuera del gobierno el pasado 20 de noviembre. Y resulta que ellos, así como el resto de altos cargos cesados, tienen derecho a solicitar a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) del Ministerio de Hacienda el cobro de la indemnización por cese, en estos dos casos, como ex ministra de Igualdad y ex ministro de Consumo, respectivamente. Y por supuesto que lo han hecho.
Como fija la ley de presupuestos generales y autorizado el cobro de esta prestación, tanto Montero como Garzón percibirán como indemnización el 80% de su sueldo durante dos años.
Recordar que, para el presente, si la retribución para ministros se fijó en 79.415,16 euros brutos anuales, el 80% es de 63.532 euros brutos anuales.
No parece que se tenga que organizar una colecta para que la y el ex ministro no pasen aprietos económicos tras finalizar su trabajo de “representantes” del pueblo.
Pues claro que solicitan la indemnización. Por supuesto que no debe “organizarse una colecta” para que no pasen “aprietos económicos”. Por supuesto que son “representantes” del pueblo. Es lamentable el nivel al que estamos llegando, de verdá…