La funcionaria llamó al gobierno del presidente Daniel Noboa a desmilitarizar esa zona andina, donde se realiza un proceso de consulta para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero La Plata, concesionado a la canadiense Atico Minning Corp.
Esa consulta no puede ser legítima porque las comunidades están militarizadas, señaló Tibán en declaraciones a la prensa este martes en Quito.
He sido representante de Naciones Unidas durante cuatro años y uno de los principales reclamos de los indígenas es una consulta pacífica, libre e informada, es decir, que tengan la posibilidad de decir sí o no a una extracción minera, añadió la prefecta.
Insistió en su pedido al Ejecutivo de retirar los militares de Palo Quemado y también de Las Pampas, la localidad vecina, para evitar más heridos y enfrentamientos en esas comunidades donde, según explicó, hay mucha gente olvidada y pobre.
Son parroquias pequeñas pero no por eso se pueden atacar, aseveró.
El Frente Antiminero de Ecuador denunció hoy la “represión militar y policial” en Palo Quemado.
En su cuenta de la red social X, la organización detalló que cientos de policías avanzan por ese territorio con disparos a quienes defienden su territorio.
Videos difundidos en redes sociales muestran nubes de humo en las laderas de las montañas mientras ocurre el enfrentamiento y también se escuchan disparos.
“El extractivismo vuelve a regar la tierra con sangre campesina”, escribió el Frente Antiminero en un mensaje junto a una foto de una persona baleada.
Esta mañana, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el manual de consulta ambiental emitido por el Gobierno de Noboa para profundizar la actividad extractiva.
Iza denunció que el Grupo Nobis, perteneciente a la familia del mandatario, participa de la minería y por eso desde el Ejecutivo busca garantizar ganancias para su consorcio.
A su vez, el dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Alex Toapanta, criticó este martes en rueda de prensa el inicio de acciones legales en contra de 70 comuneros de Palo Quemado acusados de terrorismo por defender su tierra.
Sobre el proceso minero en Palo Quemado, en noviembre pasado la justicia declaró como inconstitucional una consulta realizada allí bajo el amparo de un decreto que emitió el entonces gobernante Guillermo Lasso.
En ese momento, la Corte Constitucional dio razón a la Conaie y anuló el proceso consultivo que también estuvo salpicado por enfrentamientos.
