El 24 de mayo 3.500 trabajadores de la acería ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, México, un puerto del Pacífico en el estado de Michoacán, se declararon en huelga. Colocaron banderas en la entrada principal de la fábrica y bloquearon el acceso. También bloquearon el complejo minero Las Truchas, ubicado a 27 kilómetros de la fábrica.
ArcelorMittal, fundada por el magnate indio Lakshi Mittal, alguna vez clasificado por Forbes como el sexto hombre más rico del mundo y miembro de la junta directiva de Goldman Sachs, es la segunda empresa siderúrgica más grande del mundo. Ocupa el puesto 197 en la lista Fortune Global 500 de 2022 de las empresas más grandes del mundo, está valorada en aproximadamente 94.000 millones de dólares y obtuvo beneficios de 4.900 millones de dólares el año pasado.
La huelga fue declarada por la Sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, comúnmente conocido como “Los Mineros”. Se inició debido al pago insuficiente de la participación en las ganancias adeudados a los trabajadores según la ley mexicana. Se trata de un problema recurrente que provocó una huelga de corta duración hace dos años. Los trabajadores también exigen el pago de una bonificación obligatoria.
La planta tiene 8.000 empleos directos y hasta 50.000 indirectos y produce el 30 por ciento del acero para el mercado mexicano. Abastece a industrias clave como la construcción, la automoción y la fabricación de electrodomésticos. El cierre de la producción, a su vez, afecta a la cadena de suministro estadounidense.
ArcelorMittal afirma que los bloqueos han provocado importantes pérdidas de producción, del orden de 500.000 toneladas de acero, y daños a su alto horno principal. Tres tribunales laborales han declarado que la huelga es ilegal. Pero los trabajadores han continuado. Ahora está prevista una audiencia sobre su legalidad para el 8 de agosto ante un Tribunal Constitucional.
Las sentencias de los tribunales también bloquearon la detención de nueve trabajadores procesados por la empresa por iniciar la huelga.
La empresa ha amenazado con despedir masivamente a los huelguistas y anular por completo el convenio colectivo. Pero es un farol. El 8 de julio hizo una serie de concesiones. Primero pagar los beneficios adeudados a los trabajadores que determine un organismo independiente para el año 2021 y someter el asunto para los años 2022 y 2023 a un interventor elegido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para los años 2023 y 2024.
Además, se compromete a pagar una cantidad neta de 40.000 pesos (2.056 euros) a cada trabajador, que se repartiría la mitad en bonos y la otra mitad en efectivo, y que también se concedería a los afiliados a los secciones 272 y 336 del sindicato.
Finalmente, cubre el 75 por ciento de los salarios por los días no trabajados por los huelguistas, retroactivo al 24 de mayo y se compromete a no presionar a los trabajadores ni a tomar represalias derivadas de la huelga.
Al día siguiente los trabajadores rechazaron la oferta de la empresa y queda por ver si hará concesiones adicionales.
Un sindicato podrido y vendido hasta el tuétano
Como acostumbra, el sindicato ha tenido un comportamiento vergonzoso. Se opuso a la huelga ya el 24 de mayo y la semana pasada solicitó la aceptación de la propuesta de la empresa, de la que -sin duda- era coautor.
Gómez Urrutia tiene una larga historia de colusión con el gobierno mexicano para suprimir beneficios, pensiones y salarios para los trabajadores mineros y siderúrgicos mexicanos.
El Sindicato de Mineros ha estado asociado durante años con el Centro de Solidaridad AFL-CIO, un instrumento de larga data para expandir el control del imperialismo estadounidense sobre los sindicatos y las luchas de los trabajadores en el extranjero. Gómez Urrutia es presidente desde hace mucho tiempo de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que tiene vínculos con los principales sindicatos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, como la AFL-CIO y el USW (United Steel Workers), el sindicato siderúrgico británico.
También apoyó la campaña presidencial de 2017 de López Obrador. Se postuló y se convirtió en senador del Congreso por el partido Morena de López Obrador en 2018 y ejerció como presidente de la Comisión de Trabajo y Protección Social y secretario de la Comisión de Economía.
Gómez Urrutia ha estado presionando para reunirse con la recientemente electa presidenta de México, del partido Morena, Claudia Sheinbaum, en las últimas semanas, probablemente para buscar su influencia para poner fin a la huelga, pero sin éxito. En la prensa mexicana se especula que esto puede deberse en parte al hecho de que el nuevo cabecilla de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, tiene otros contactos importantes en la burocracia sindical que se oponen a Gómez Urrutia.
En 2019 López Obrador se reunió personalmente con el dueño de la siderurgia, Lakshmi Mittal, para agradecerle por prometer invertir mil millones de dólares adicionales en Lázaro Cárdenas.
La huelga de los mineros se encuentra en una encrucijada peligrosa, ante la amenaza de un fallo que favorezca la confianza y represalias que les costarán sus salarios. Basta recordar los miles de despidos que se produjeron tras la ola de huelgas salvajes en Matamoros en 2019, después de que las empresas se comprometieran a no tomar represalias.
Los huelguistas deben evitar que su lucha se subordine a los cálculos venales de cualquier facción de la burocracia sindical, cuyos privilegios están vinculados en última instancia a la obtención de favores de las multinacionales, el gobierno y el imperialismo. No se puede confiar en estos lacayos de las grandes empresas.
Se deben formar comités de huelga inmediatamente bajo el control democrático de los propios trabajadores de base. Estos comités deberían supervisar todas las negociaciones y votaciones sobre los acuerdos, y exigir lo que los trabajadores realmente necesitan.
