Martha D. Heredia (Granma).— ¿En cuántos países del mundo los niños pueden ser juzgados como adultos? Pese a que la lógica más elemental indica que no debería ser así, hay naciones modernas en las que el umbral de edad mínima para ser procesado bajo este concepto, por delitos graves, ronda o supera los 12 años.
En ese caso están, por ejemplo, Canadá, Reino Unido y Australia, aunque el ejemplo más espeluznante, por la manera en que se presenta como adalid de los sueños cumplidos e ideal de desarrollo humano, es Estados Unidos, única nación, además, que no ha ratificado la Convención Internacional por los Derechos del Niño.
En los 50 estados de EE. UU. los menores continúan bajo la posibilidad de ser juzgados como adultos, según un informe de Human Rights Watch, de 2023, que provoca dolor de solo pensar en los miles que, en pleno siglo xxi, son juzgados y condenados sin tener en cuenta que todavía no han concluido su desarrollo mental, biológico y sicológico.
Pueden llegar a aprobar, incluso, su cadena perpetua o la pena capital, pues en EE. UU. han sido ejecutados 365 menores de edad, de ellos 22 desde 1985.
Esta práctica ha sido explícitamente declarada como contraria a lo correcto por varias normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la onu en 1959, y en la que se indica que «no se les impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad».
Otro informe, emitido por la Iniciativa de Política Penitenciaria, un grupo no partidista y sin fines de lucro en EE. UU., refleja que en esa nación aproximadamente 48 000 niños y adolescentes están internados en centros penitenciarios, lo que significa «demasiados jóvenes en confinamiento», lo que corroboran con datos como que los principales cargos para las detenciones han sido posesión de drogas y delitos de bajo nivel.
Entre otros factores, cuando los menores ingresan en prisión, se enfrentan a la terrible y violenta realidad del sistema carcelario de los adultos.
En California, se ha criticado lo inadecuado de procesarlos en el tribunal penal de adultos, ya que esto implica someterlos a condiciones más severas y periodos de privación de libertad más largos en un ambiente perjudicial que puede hacerlos susceptibles de reincidir.
Además, aunque existen programas en los que los condenados pueden participar, esto no es obligatorio para el cumplimiento satisfactorio de la sanción impuesta; mientras que el tribunal penal de menores tiene el objetivo de rehabilitarlo, por lo que proporciona tratamiento sicológico y educación obligatoria.
Históricamente, Unicef ha recomendado a los Estados con altos índices de violencia, donde los adolescentes son percibidos como la principal causa de este fenómeno y no como víctimas, asegurarse de que la edad mínima de responsabilidad penal sea 14 años y lo más cerca de 18, con la posibilidad de contar con la protección del sistema de justicia penal juvenil de conformidad con las normas internacionales.
Actualmente está en discusión en EE. UU. un proyecto de ley bipartidista que daría, a aquellos condenados y sentenciados a décadas de prisión cuando eran menores de 18 años, la oportunidad de solicitar la libertad anticipada, después de 15 a 20 años. También pondría fin a las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional.
Pero ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo para aprobar el proyecto. Entendemos que es difícil hacerlo en una sociedad asolada por un sistema enfermizo, capaz de intentar imponer por la fuerza al resto del mundo su receta de nación «humana», mientras pone más difíciles los derechos a los humanos de su propio país.
Martha D. Heredia – Estudiante de periodismo
